El 10 de septiembre de 2007 fue secuestrada Silvia Vargas, hija del empresario y promotor deportivo Nelson Vargas; para diciembre del 2008 su cuerpo fue encontrado en un domicilio de Tlalpan.
Seguramente recuerdan esta lamentable historia, que terminó con la detención de varios sujetos señalados como culpables de secuestro y asesinato. Entre ellos se encontraba Isidro Solís, quien después de haber sido juzgado fue sentenciado a 34 años de prisión, condena que por cierto no se cumplió, pues a 9 años de este crimen Isidro fue liberado.
Así lo denunciaron Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro y Nelson Vargas, quienes señalaron que el secuestrador fue beneficiado por funcionarios para lograr salir libre.
De hecho, Miranda de Wallace externó su preocupación porque en el interior del Poder Judicial se esté permitiendo que varios secuestradores alcancen la libertad:
“Se está perdiendo el objetivo que es administrarle justicia a las personas que fueron víctimas del secuestro y con esto se está creando una gran impunidad”.
Si esto pasa con el caso de la hija de una figura pública, no queremos ni imaginar lo que sucede con otros casos de secuestro en el país.
