Ciudad de México lleva más de 40 años como testigo de una marcha que ha integrado un abanico de exigencias —pero también de la celebración del ser—, que intenta abrir la puerta a las políticas públicas en defensa del reconocimiento, el respeto y la garantía de los derechos de las comunidades LGBT+.
La marcha del Orgullo de CDMX no es la única, el resto de las entidades mexas se dan cita en junio para celebrar y exigir los derechos de las comunidades —que si bien tienen un eje en común, cada una de ellas tiene exigencias particulares, que deben ser atendidas de manera especializada y con perspectiva.
Frente a este panorama, por aquí va un recorrido de las políticas públicas que faltan en nuestro país.
Porque si bien poco a poco se ha avanzado en la legislación del matrimonio igualitario o los espacios políticos en los congresos han sido tomados, a México le falta un buen tramo para garantizar los derechos humanos de las personas de las comunidades Lésbica, Gay, Bisexual, Trans y más.
Las políticas públicas LGBT+ que faltan
La importancia del reconocimiento de las diversidades
Desde el Estado —comenzando por el desmantelado Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación)— falta una campaña nacional que reconozca la diversidad dentro de las comunidades LGBT+. Tal vez esto sea un pleonasmo.
Pero las problemáticas de cada comunidad no son las mismas o no impactan de la misma manera.
Por ejemplo, en cuanto a muertes violentas de personas LGBT+ en 2020, las mujeres trans encabezaron el registro.
Por otra parte, esto ya tiene que ver con la comunidad lésbica, no hay un protocolo que identifique los feminicidios por motivo de la orientación sexual.
Entonces, ¿cómo sabemos qué sucede alrededor de cada una de estas comunidades? ¿Cómo puede intervenir el Estado para que los derechos y la seguridad sean garantizados?
Un primer paso sería precisamente el reconocimiento y la visibilización de cada una de las comunidades.
La investigación y análisis de cada una de las problemáticas y la elaboración de campañas, programas, leyes y reformas que ayuden a mejorar la ruta.
Matrimonio igualitario
No hay nada que impida el matrimonio igualitario en México y eso no lo decimos acá, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que —en 2015— determinó que ninguna de las 32 entidades puede impedir estos matrimonios.
Sin embargo, pese a la decisión de la SCJN, pocos estados cambiaron sus legislaciones y el matrimonio igualitario ha tenido que ser aprobado estado por estado.
CDMX fue pionera porque en 2009, la entonces Asamblea Legislativa del DF, cambió su Código Civil y en 2010 el matrimonio igualitario entró en vigor
12 años después Durango, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México y Tabasco, así como Guanajuato, Chiapas, Aguascalientes y Chihuahua —estos últimos cuatro permiten el matrimonio igualitario, pero sin legislar su Código Civil— son los únicos que faltan en el mapa igualitario.
Prohibición de los ECOSIG
En el Senado está detenida una iniciativa Federal para cambiar la Ley General de Salud y el Código Penal con el objetivo de prohibir las llamadas terapias de conversión o los ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género).
En 2020, Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de la ONU, pidió que los ECOSIG fueran eliminados en todo el mundo, al señalar que son una violación de los derechos a la integridad física, salud y la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género de una persona.
Porque estas “terapias” tienen como objetivo cambiar la orientación e identidad de una persona no heterosexual o cis por el simple hecho de que no se acopla a la norma hetero.
Sin embargo, aquí hay que recordar que no hay nada que curar. Y que los ECOSIG y sus métodos no tienen ningún sustento.
Aquí en México varias entidades ya dieron el primer paso en su prohibición como CDMX, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Colima, Yucatán, Tlaxcala, Jalisco, Puebla e Hidalgo.
Reconocimiento de las personas trans
Los avances también han sido por estados, teniendo a CDMX como pionera en el reconocimiento a la identidad de las personas trans mayores de 18 años—mediante el cambio del acta de nacimiento.
Pese a los esfuerzos, aún no se impulsa una ley a nivel Federal —como en el matrimonio igualitario o los ECOSIG— para que en un paso, las 32 entidades se sumen.
Si bien la Constitución Mexicana reconoce los derechos de la ciudadanía —sin importar orientación, religión o condición de salud—, es necesario que las leyes de identidad de género avancen en los estados o a nivel Federal, porque el reconocimiento de las identidades autopercibidas por el Estado abre aún más las garantías y visibiliza su existencia, sin refutaciones.
Hasta el momento estas son las entidades que han cambiado sus códigos civiles, familiares o de procedimientos civiles para reconocer la identidad de las personas trans mayores de 18 años:
Baja California, Baja California Sur, CDMX, Colima, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Chihuahua —estado donde todos los juzgados están obligados a cambiar el acta de nacimiento de acuerdo a la identidad autopercibida de una persona sin ir a juicio.
Reconocimiento de las infancias trans
Lo mismo sucede con el reconocimiento de las infancias trans. Hasta el momento son cuatro estados los que tramitan el cambio del acta de nacimiento sin tanto rollo.
Oaxaca y Morelos cambiaron sus códigos civiles, mientras que Jalisco y CDMX lo hacen por el mandato del gobierno local.
Muy pocos estados pese a que la SCJN invalidó —en marzo de 2022— la exigencia de tener los 18 años cumplidos para poder tramitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans.
Aplicación de los protocolos de salud
Este protocolo aplica para los centros, hospitales y clínicas —públicas y privadas— que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Básicamente se encarga de establecer criterios específicos de atención a cada una de las comunidades.
A mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hombres gays y bisexuales, personas trans y personas intersexuales.
El protocolo tiene una guía por cada comunidad y está dirigido para el personal médico.
Sin embargo, su difusión y aplicación entre las instituciones de salud es casi nula. Y falta que el Estado le dé un impulso real.
Reconocimiento de las personas no binarias
Ni masculino ni femenino. Hay personas que no se sienten identificadas con ninguno de estos géneros. Se trata de las personas no binarias y en México no hay una ley que las reconozca o permita su identificación en documentos oficiales como el acta de nacimiento, la INE o el pasaporte.
En los primeros pasos, la SRE —a inicios de 2022— explicó que está analizando su incorporación en el pasaporte. Y en cuanto a los estados, Guanajuato tramitó el primer cambio de un acta de nacimiento para una persona no binaria.
Abasto de medicamentos gratuitos a personas seropositivas
México ha arrastrado un problema de corrupción en el abasto de medicamentos y también de desabasto.
Estos problemas también han tocado a las personas seropositivas, que si bien por ley el sistema de salud público debe garantizar la terapia antirretroviral, lo cierto es que no es así. El sistema ha fallado ante las demandas de abastecimiento de las personas con VIH.
Adopción homo o lesboparental
Por aquí también la SCJN declaró que las parejas lesbianas o gays tienen el derecho a la crianza de los hijos o las hijas mediante la adopción o la reproducción asistida.
Sin embargo, es un lío porque aunque nada detiene a estas parejas para que formen una familia, los estados deben cambiar sus códigos civiles y familiares para que no haya, por ley, ni una traba.
CDMX también fue pionera y desde 2010 permitió la adopción homo o lesboparental.
Aunque a nivel Federal falta una iniciativa que homologue este derecho en las 32 entidades.
Educación
Apenas en 2018 comenzaron a rolar materiales educativos que hablaban sobre las diversidades. Sin embargo, los contenidos son los menos —así como la capacitación y sensibilización del personal docente.
En 2021, se presentó una iniciativa para garantizar de manera efectiva el derecho a la educación en la libertad y el respeto de la diversidad sexual en los programas y contenidos de los libros de texto gratuito.
El Conapred
El Conapred sigue sin un director o directora. Y sus tareas han quedado relegadas sin que el Consejo impulse un verdadero plan integral en la defensa y promoción de los derechos de las comunidades LGBT+.
Uno de los reto de este gobierno —que más bien fue en retroceso— es volver a darle una dimensión social y activarlo.
México
También podemos detenernos en pensar por qué si México ha avanzado en la creación de protocolos aún seguimos siendo testigos de la violencia y discriminación hacia las comunidades LGBT+.
Mucho tiene que ver con el mismo sistema político y educativo. De acuerdo con el reportaje del periodista Gerardo Sánchez Guadarrama Países más justos, con mayor educación y menos corruptos tienden a ser más inclusivos con población LGBT+, los países menos corruptos tienden a permear las políticas de inclusión de una mejor forma que aquellos que adolecen de la corrupción.
AQUÍ puedes leer más sobre el reportaje publicado en Sopitas.com.
Otra idea cercana es la compartida en el Informe de crímenes de odio contra personas LGBT en México, un panorama de lo acontecido en 2020 que explica que si bien hay protecciones legales en nuestro país, no hay garantías porque estas no se suman a un “plan formal de gobierno”.
Y además de todo están “sujetas a la voluntad política e intereses del funcionariado en turno”. Sí, otra vez la corrupción.
