76 por ciento de la población diversa reconoció haberse sentido incomoda con algún profesional de la salud; y aunque este tipo de discriminación ocurre tanto en el ámbito privado como en instituciones públicas, resulta irónico que erradicar la LGBTfobia médica podría ser más barato para pacientes y Estado.
Ignacio recordó que cuando cursaba sus estudios de doctorado en Ciencias de la Salud llegó a padecer problemas gastrointestinales debido al estrés que implicaba la proeza académica, situación que lo motivó a buscar ayuda con un especialista. Sin embargo, la ansiedad en el consultorio del gastroenterólogo se incrementó debido que éste lo juzgaba por su orientación sexual.
“Él sabía de mi preferencia… me decía que no era posible mi peso (era muy delgado). Aseguraba, desde el prejuicio y la ignorancia, que seguramente tenía VIH y me pedía la prueba”, explica Ignacio.
Aunque el entonces estudiante de posgrado sabía que podía denunciarlo, decidió no hacerlo debido a la desconfianza —y pereza— que podría implicar el trámite burocrático, así como al tener que enfrentar la ineficiencia endémica de las autoridades, que sumada al tabú colectivo que predomina en quienes procuran e imparten justicia, terminaría por victimizarlo doblemente.
Ignacio también evocó la vez que recibió un mal diagnóstico en la clínica Condesa en 2012, así como a las ocasiones en las que ha querido donar sangre, pero que, al señalar su preferencia hacia personas de su mismo sexo, termina por complicar las cosas.
“Llevo muchos años que he dejado de donar sangre para evitar frustraciones”.
La LGBTfobia cobra vidas
El 76 por ciento de población diversa consultada para la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) de 2018, dijo haberse sentido incomoda durante la atención médica; además, el 49.4% señaló que tuvo que ocultar su orientación o identidad de género en este tipo de contextos.
Este informe tuvo a bien revelar que el 38.5 por ciento de las personas LGBT+ consultadas no recibió el servicio o tratamiento adecuado y el 32.7% mencionó que tuvo malos tratos o humillaciones.
También, el “29.3% indicó que fue minimizado su padecimiento; 15.2 % dijo que se le sugirió “curar” su condición; 13.1% comentó diversas experiencias discriminatorias recibidas y el 4.6 % fue impedido de donar sangre”.
El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere a que “toda Persona tiene derecho a la protección de la salud” y pese al mandato constitucional se ha observado discriminación en la atención médica hacia la población LGBTTTI+; debido al prejuicio institucional y sistémico por parte de los y las profesionales de la salud, reconoció el doctor Juan Carlos Mendoza Pérez, del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Y es que, en la Encuesta Nacional Sobre Discriminación, ENADIS (2017); el 64.4 por ciento de las personas en México consideró que “en poco o nada se justifica que dos personas del mismo sexo vivan como pareja”, un dato que podría ejemplificar el grado de la LGBTfobia de la sociedad mexicana, misma que también está presente entre la gente involucrada en ofrecer servicios de salud, explicó el académico e investigador.
“Tendríamos que pensar al personal de salud como personas que emergen de nuestra sociedad… (la cual se basa) en tres preceptos de un sistema” que sostiene a la LGBTfobia: en primer lugar somos una colectividad androcentrista o patriarcal, es decir, el hombre cisgénero “es el máximo en la sociedad”; además predomina el heterosexismo que se refiere a que las relaciones sexuales heterosexuales son las únicas válidas; y por último está presente el ‘deber ser’ de un hombre o una mujer dentro de un régimen de estereotipos de género”, dijo Mendoza Pérez.
El experto explicó que existe un antecedente sociohistórico que ha influido en esta conducta fóbica, que con un “tufo religioso y moral”, ha formado a profesionales de la salud; y que el reto radica en “aprender a marcar líneas entre la vivencia personal y el ámbito profesional”.
El académico de la UNAM explicó que se han visto diferentes tipos de violencias en contra de la población diversa por parte de prestadores de servicios de la salud, tales como la negación del servicio, la invalidación de las identidades de género para hombres y mujeres trans, preguntas incómodas sobre la sexualidad de los pacientes sin una relación directa con el padecimiento o la situación que motivó la consulta; así como la falta de políticas públicas inclusivas y programas de actualización específicos para atender a población LGBT+.
Cabe señalar que la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, ENDISEG (2021); destacó que en México, 1 de cada 20 personas mayores de 15 años se asume como parte de la población LGBTTTI+, de este grupo de personas el 45 por ciento declaró hacer uso de los servicios de salud públicos mientras que el 49 por ciento dijo asistir a la iniciativa privada.
Con base en este dato el doctor Juan Carlos alertó que la discriminación ocurre sin importar el tipo de institución (pública o privada) al que acudan las personas de poblaciones diversas.
El profesor recordó el caso de una denuncia pública a través de redes sociales por parte de una mujer trans donde narraba la manera en que fue agredida por una doctora en ya tan común consultorio anexo a una farmacia comercial, misma que además de referirse a ella sin respetar su identidad de género también le negó el servicio.
Existe la falsa creencia que con la aprobación del matrimonio igualitario en algunas entidades se ha logrado un reconocimiento y protección máximo a derechos de la población LGBTTTI, debido a que aún existen temas de la agenda como el caso de la discriminación en la atención médica la cual debe visibilizarse y atenderse debido a que ésta puede cobrar vidas, ya sea por una negación del servicio o por una mala práctica por la falta de actualización al prescribir un tratamiento no requerido, dijo el también maestro en Ciencias de la Salud.
La población diversa puede llegar a verse desmotivada al acudir a los servicios médicos para evitar el juicio de quien pueda atenderles, aunque terminen yendo, pero para atender una urgencia más grave que pudo prevenirse.
Esta dinámica representa un mayor costo no sólo para el paciente, sino para el sistema de salud, por lo que combatir la discriminación por LGBTfobia en la atención médica podría incluso reducir los costos que eroga el Estado en este concepto, así como para las personas diversas, comentó el doctor.
La objeción de conciencia es una decisión de los y las profesionales de salud que antepone sus creencias morales de frente a la posibilidad de atender —o no— a un paciente; aunque este derecho de los médicos ha sido regulado en nuestro país, está por verse aún si esta conducta de los médicos podría poner en riesgo el acceso a la atención de la comunidad diversa, aclaró Mendoza Pérez.
El experto refirió que la objeción de conciencia debe estar vigilada para evitar que población LGBT pueda estar en peligro, así como también, acompañar con educación a los profesionales de la salud y para la población sobre los derechos del paciente, ya que, en caso de riesgo mortal, el personal clínico está obligado en obviar sus posturas morales, o bien, la institución debe tener más recursos humanos que no justifique su ejercicio profesional desde la moral.
Otras formas de discriminación hacia la población diversa en el contexto de la salud se han observado en el caso de padecimientos como el VIH o la Viruela del Mono, que, aunque no son exclusivos de este sector de la población, pueden presentarse con mayor frecuencia en hombres homosexuales; pero debido al prejuicio institucional y colectivo, no se llevan a cabo las medidas necesarias de prevención, así como de tratamiento oportuno, expuso el experto en salud pública.
Desabasto de medicamentos, ¿una forma de discriminación?
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación al Estado mexicano para que las instituciones que atienden a las personas con VIH generen “mecanismos que garanticen la protección de sus derechos humanos, eliminen la discriminación y el estigma de la que aún son víctimas, así como los obstáculos sociales, culturales, económicos y de cualquier índole que les impiden ejercer plenamente sus derechos y libertades”.
En este comunicado, la CNDH también hizo un llamado a “instaurar un mecanismo interinstitucional de coordinación permanente cuyo objetivo sea prevenir el desabasto de medicamentos antirretrovirales, ejecutar un efectivo control en la adquisición y asignación oportuna de éstos, así como vigilar su suficiencia, disponibilidad y adecuada distribución a todas las instituciones que brinden servicios de salud a las personas con VIH”.
A lo anterior, Kassandra Guazo Cano, del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, reconoció que pese a la existencia de protocolos en la atención médica a población LGBT en los centros hospitalarios, éstos no llegan a ser vinculantes e ignorados; por lo que reconoció la existencia de discriminación médica, particularmente hacia mujeres trans y población que vive con VIH, siendo el desabasto de medicamentos para éstos últimos un tema de preocupación, que podría recrudecerse en zonas alejadas a las grandes ciudades.
Por su parte Jasson Flores, desde su experiencia como hombre trans; explicó que hace falta una política pública de abastecimiento de terapia hormonal que acompañe los procesos de transición, pues la inaccesibilidad de este tipo de medicamentos los coloca en una situación de riesgo, ya que al verse interrumpido el protocolo de ingesta —por falta de acceso al medicamento y como ya ocurre— puede comprometer su salud física y emocional.
“Los hombres trans lo estamos pasando mal, es un tema a nivel nacional”, explicó el también psicóloco y advirtió que este fenómeno de desabasto ha contribuido para que el mercado negro de este tipo de terapias se incremente, haciendo una situación de doble riego, debido a que en este contexto se puede estar comerciando lotes caducos o de dudosa procedencia.
Deconstrucción desde la educación contínua
En enero de 2022 la Facultad de Medicina de la UNAM anunció la impartición de una nueva materia optativa llamada “Elementos básicos para una buena práctica en la prevención de la enfermedad y atención a la salud de personas LGBT”, la cual en su primera generación tuvo una alta demanda por parte de la comunidad estudiantil, así lo reconoció Juan Carlos Mendoza, el profesor impulsor de esta iniciativa del Departamento de Salud Pública de esta institución educativa.
En aras de contribuir al combate de la LGBTfobia sistémica en nuestro país que puede experimentarse en los servicios de salud, el objetivo de esta materia es “fomentar una atención humanista y respetuosa de los derechos humanos a través del análisis de elementos de la prevención de la enfermedad y de la atención en la consulta de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis y transexuales (LGBT)”, expresó la Máxima Casa de Estudios en un comunicado.
Juan Carlos Mendoza explicó que esta materia es la única de su tipo que se imparte en nuestro país y destacó sobre el ideal de que la iniciativa es que pueda ser una cátedra transversal en todas las instituciones que formen a profesionista en el campo de la salud, incluyendo a facultades o escuelas de enfermería, odontología, etc.; esto con la intención de apostar a tener servicios de salud mayormente incluyentes.
