Ya que se prevé que este 12 de diciembre los senadores aplicarán un “guadalupanazo”, son varias las voces que se han pronunciado contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior: desde asociaciones civiles, organismos internacionales, personajes públicos y, ahora, hasta el mismísimo Instituto Nacional Electoral (INE). Fuera del tema de la muy mentada militarización del país, la consejera del INE, Pamela San Martín, apuntó que la Ley podría poner en riesgo los datos personales de la ciudadanía, además de toda la información que se tiene en el Registro Federal Electoral (RFE).
Según la consejera, en el artículo 31 del proyecto se da chance de que fuerzas armadas tengan acceso a información celosamente resguardada por instituciones como el INE… esto pese a que en el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que datos como los que se contienen en el RFE son de alta confidencialidad y sólo pueden proporcionarse ante la existencia de un mandato judicial. “Tenemos toda la información del Registro Federal de Electores, datos personales de ciudadanos y ciudadanas que se nos entrega para un propósito específico, tenemos el deber de salvaguardar esos datos y garantizar la protección de los datos de la ciudadanía”, señaló San Martín.
La consejera del INE @SnMartinPamela advirtió que la Ley de Seguridad Interior podría comprometer los datos del Registro Federal de Electores https://t.co/LvKKV0ZRPp
— REFORMACOM (@Reforma) 11 de diciembre de 2017
En el artículo que preocupa a la consejera del INE se asienta que, en materia de seguridad interior, las autoridades federales, así como los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les sea requerida por las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley. “Genera preocupación el texto de ese artículo porque en los organismos autónomos, incluido el INE, hay un conjunto de información bajo nuestro control”.
San Martín agregó que tal como se encuentra redactada la Ley, no se ofrecen mecanismos claros para garantizar que, una vez en manos de las autoridades, la información será debidamente protegida… claro, no es que se tenga desconfianza de que el gran poder que se le otorgue a las fuerzas armadas será utilizado para hacer el mal, pero “preocupa que se deje abierto, sin establecer en la propia minuta mecanismos que garanticen nuestra función y los derechos de la ciudadanía, creo que este es un tema en el que debe haber mucha claridad, se señala que se nos podrá requerir información, un caso muy claro es la información relativa al Registro Federal de Electores e información que podría tener que ver con los datos personales”.
Por lo anterior -y por tantos señalamientos e inquietudes que han externado especialistas en la materia- San Martín pidió a los senadores que antes de aprobar la Ley, escuchen todas las voces de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado…ahora si que, como dicen los clásicos, “no han que la Virgen les habla”. “Me parece que es importante que haya espacios de diálogo para precisar los alcances y establecer los mecanismos de salvaguarda de datos”, remató.
