Antes de que termine su sexenio, el buen EPN nos quiere dejar un regalito… nomás que no sólo es cosa suya, sino que tiene que pasar por el filtro del Poder Legislativo. Se trata de la Ley de Seguridad Interior, la cual nomás se encargará de proporcionar un marco jurídico a las fuerzas armadas para cuando entren en tareas de combate a la delincuencia… eso dice él. Sin embargo, los más desconfiados señalan que es para que los militares se agandallen (más), pero con toda legalidad.
Ahora que estará en discusión en el Congreso, el presidente Enrique Peña Nieto – así muy como que no quiere la cosa – dio un empujón a la aprobación de la mentada Ley de Seguridad Interior, la que a su parecer ya es una “imperiosa necesidad”, ya que “brindará mayor certidumbre a nuestras fuerzas armadas y a la sociedad mexicana’’. Según el ejecutivo, el Ejército y Armada actúan con toda la lealtad, disciplina y apego a sus principios y valores militares… pero no les caería nada mal contar con un marco jurídico que respalde su accionar. Pues ya saben, con eso de que luego los acusan de tortura y demás actos medio pasados de lanza con quiénes ni siquiera la deben, qué mejor que esté respaldado por la ley… eso sí, “con absoluta claridad”.
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Pese a la urgencia del mandatario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos espera que los diputados no nomás aprueben a lo güey, ya que si bien sí sería necesario regular las actividades de las fuerzas armadas en actividades del combate a la delincuencia (lo cual no les correspondería a ellos), no estaría mal que le echaran bien un ojo al proyecto presidencial. No luego vayan a decir que no se dieron cuenta de que contenía potenciales riesgos a las garantías fundamentales. Porque, según la CNDH, eso es lo que contiene la ley que se está discutiendo en Cámara: se relega a las policías civiles y se da prioridad a la acción de las fuerzas armadas. (Cof, militarización, cof).
De acuerdo con La Jornada, entre los detallitos que no pueden pasar por alto los legisladores (esperemos) están: imprecisiones de conceptos entre lo que es el ámbito de la seguridad nacional y la seguridad interior, reserva absoluta sobre la información que se genere, falta de mecanismos de rendición de cuentas, la posibilidad de que Ejército realice tareas de investigación y prevención de delitos… y bueno, por si lo anterior no mete algo de miedo, la CNDH apunta que el dictamen abre la puerta para la trasgresión de los derechos de reserva en favor de las víctimas, ya que las autoridades estarán obligadas a ofrecer cualquier información requerida. Ahí nomás.
