Sobre las vicepresidencias de INEGI

Por Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco

A lo largo del último mes, INEGI ha estado en el centro de los ciclos noticiosos debido al proceso de relevo del titular de una de las vicepresidencias de INEGI. Como varios hemos expresado (en mi caso en mi anterior texto en sopitas.com), la candidata nominada por el ejecutivo federal, la Mtra. Paloma Merodio, no cumple con los requisitos de ley correspondientes al puesto para el que fue nominada (ver la evidencia sobre ello), conclusión a la que llegó también la Secretaría Técnica de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República (ver aquí).

A pesar de ello, la Comisión de Gobernación del Senado de la República busca llamar a comparecer a la nominada  y varios senadores, como el Senador Roberto Gil Zuarth, están a favor de la idea. Esto implica invertir el orden establecido en el reglamento del Senado, que en sus artículos 241 y 242 señala que las comisiones del Senado sólo pueden llamar a comparecer a los nominados por el ejecutivo federal una vez que han comprobado que cumplen con los requisitos que marca la ley. Es decir, las comisiones primero deben dictaminar que la candidata del gobierno federal cumple con los requisitos legales antes de llamarla a comparecer. En este caso, parece que se busca pasar por encima de este requisito, para aprobar la nominación lo más pronto posible. Estamos viendo un esfuerzo político por avanzar una nominación que no cumple con los requisitos de ley. 

Si bien en mi artículo anterior enfaticé los riesgos que un nombramiento político tendría sobre la credibilidad de INEGI, quizá no sea del todo obvio por qué el nombramiento de una sola persona afectaría a INEGI, dado que son miles las que trabajan en él. O, siendo menos extremos, considerando que se trata sólo de un integrante de los cinco de la junta de gobierno de INEGI.

Primero, es necesario precisar qué es lo que está en juego con el presente nombramiento. Las vicepresidencias de INEGI se encargan de presidir cada uno de los comités de los subsistemas nacionales de información, los cuales están facultados para proponer cambios en la metodología y normas técnicas con la que se genera la información, los cuales deberán ser aprobados por la junta de gobierno misma. Los comités están constituidos por el o la titular de la vicepresidencia, así como por representantes de las secretarias del ramo. Al presidir estos comités, los y las vicepresidentas de INEGI pueden proponer cambios en la metodología con que se levantan encuestas o se calculan las cuentas nacionales.

En el caso de la Vicepresidencia actualmente vacante se trata de la que encabeza el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Este sistema es el encargado de la información sobre salud, vivienda, variables demográficas, ingreso, empleo y otras que se pueden encontrar en el artículo 21 de la LGSIEG. Es decir, se trata del subsistema encargado de generar la información empleada para analizar información sobre pobreza y, por tanto, de la información necesaria para evaluar la política social.

De proceder con la aprobación de la nominada por el ejecutivo federal, se pondría al frente de dicho subsistema a una persona que legalmente no cumple los requisitos para ocupar ese puesto, pero que fue beneficiada de una negociación política para llegar a esa posición. Por tanto, existirían dudas sobre si su desempeño en el cargo sería independiente a aquellas personas que participaron en la negociación política en cuestión. Es decir, la generación de información se vería cubierta de un paño de duda sobre si los criterios y metodología de recolección de información propuestos por la nueva cabeza del subsistema son para mejorar la recolección de la información o si son para favorecer a otros agentes políticos.

Esa duda se acrecienta si se considera que, en este caso, la nominada proviene directamente de SEDESOL, entidad cuyo desempeño es evaluado con la información generada por INEGI. Merodio estaría a la cabeza del susbsistema encargado de generar la información con la que se va evaluar su desempeño en SEDESOL, así como el legado de la actual administración en materia de avances en pobreza y distribución del ingreso. Ello supone un potencial conflicto de interés, si es que se pasa por encima de la ley y ella llega a ocupar el cargo.

“Bueno” podrán decir algunos, “las propuestas de Merodio tendrían que ser aprobadas por la junta de gobierno, y es una persona contra otras cuatro. Así el riesgo queda nulificado, ¿verdad?’”. Ese argumento es erróneo por dos factores. Por un lado, minimiza el hecho de que se viole la ley con el fin de que una persona llegue a un cargo directivo dentro de una institución autónoma. Si se fue capaz de violar la ley para llegar ahí, hay elementos para sospechar que la ley tampoco será suficiente restricción para otras conductas. Por consiguiente, la reputación de la persona y la institución se ven afectadas. El otro elemento que este argumento ignora es que en 2018 ocurrirá otro relevo en INEGI. En ese año Mario Palma deja la Vicepresidencia correspondiente al Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad, Pública e Impartición de Justicia. Si se permite que se viole la ley para fines políticos en un nombramiento, se pierde capacidad para evitar otros nombramientos con el mismo fin. Y los dos nombramientos que deben tener lugar en estos dos años tienen que ver con áreas clave para evaluar el desempeño de la presente administración: pobreza y seguridad. Así, no contener la presente nominación ilegal, nos pondría en ruta hacia la pérdida de credibilidad de las estadísticas públicas, haciendo con ello imposible saber en dónde estamos parados y a dónde vamos.

Esa es la importancia del puesto en INEGI que actualmente se encuentra vacante y para el cual el gobierno nominó a la Mtra. Merodio. Al nominar a una persona que no cumple los requisitos legales para ocupar el cargo y proporcionar información falsa al Senado, el ejecutivo federal parece estar dispuesto a sacrificar las instituciones para obtener un rédito de corto plazo, en la forma de asegurar el control sobre cómo se valora su legado. No se trata de pretextos o cosas irrelevantes, se trata de la ley. Y, en México, hay un número sustancial de mujeres que cumplen los requisitos y que tienen la experiencia necesaria para ocupar la Vicepresidencia. Apoyar la nominación de Merodio implica pasar por encima de ellas.

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Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco es Maestro en Economía por El Colegio de México y consultor independiente.

Twitter: @MGF91

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