En el marco de una de las campañas antiterroristas más fuertes de su historia y de una paranoia colectiva que teme por la seguridad nacional, el parlamento ruso aprobó una ley que permite confiscar bienes a amigos y familiares de terroristas para compensar a víctimas.
El día de ayer, la policía rusa realizó una redada que terminó en el arresto masivo de mil 200 inmigrantes. Según las autoridades, el operativo respondía a la exigencia social de encontrar al asesino de Yegor Shcherbakov. Así mismo, el 23 de septiembre de este año, el presidente ruso, Vladimir Putin, denunció ante la ONU lo que llamó un “desbordamiento de terrorismo internacional” y en fechas más recientes, afirmó que hay grupos de terroristas entrenándose en Afganistán para atacar Siria y Rusia. Las ofensas racistas entre ciudadanos se han incrementado por miedo al terrorismo y al desajuste económico. En definitiva, el estado avala este extremismo.
Así lo demostró hoy la Duma Estatal (cámara baja del parlamento) al aprobar una polémica ley que permitirá que las autoridades exijan el pago de compensaciones para víctimas a los parientes y allegados de terroristas siempre que se demuestre que poseen bienes adquiridos con los frutos del los crímenes de los acusados. Sin embargo, la ley no contempla ninguna especificación de los conceptos de “allegados” o “pruebas suficientes” para la demostración del origen de los bienes. Así mismo, se aprobó una ley que permite que sean los tribunales locales los que decidan el estatus de terrorista de un ciudadano, agilizando un proceso que antes debía pasar por el Tribunal Supremo.
En pocas palabras, basta acusar a alguien de terrorista en una pequeña localidad para que de inicio un corto proceso de recolección de pruebas y, paralelamente, una exhaustiva investigación sobre las actividades económicas de un gran número de personas con su cooperación obligatoria. Estos “allegados” podrían estar relacionados con los acusados de maneras tan indirectas como la coincidencia religiosa, racial o nacional.
La ley forma parte de un paquete de iniciativas mandado por Putin a los legisladores para su pronta aprobación. Entre las leyes por lanzar se encuentra el castigo con penas de 5 a 10 años a aquellos que sean sorprendidos “entrenándose” en actividades terroristas y de 6 a los ciudadanos rusos que participen en formaciones armadas ilegales en otros países y/o en contra de los intereses de la Federación Rusa.
Las propuestas de Putin fueron entregadas al parlamento por el Servicio Federal de Seguridad (SFS), cuerpo conformado en su mayoría por exoficiales de la KGB. Según Yuri Gorbunov, vicedirector del SFS, las reformas tienen como objetivo “perfeccionar la lucha contra el terrorismo y contra los delitos económicos.”
Es claro, sin embargo, que el estado ruso busca una prevención basada en el miedo, la desunión social y el racismo. La estrategia es simple: convertir a la población en los principales ojos del régimen, por medio de amenazas.
Y ustedes, sopicuates, ¿tienen amiguitos terroristas? ¡Desconózcanlos y delátenlos antes de que ellos lo hagan con ustedes! 😀
Vía: El País
