De acuerdo con un reporte realizado hoy por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) más de 3 mil 200 personas fueron encerradas en prisión de por vida sin derecho a fianza por crímenes no violentos. Un examen minucioso de estos casos revela lo bajas que fueron las ofensas por las que estas personas fueron encerradas. La mayoría de estos casos se relacionan con cargos parecidos a los siguientes.
- Poseer una pipa de crack.
- Poseer una botella que contiene menos de una taza de heroína.
- Tener rastros de cocaína en un bolsillo del pantalón invisibles al ojo humano pero detectados en pruebas de laboratorio.
- Tener una piedra pequeña de crack en casa.
- Poseer 32 gramos de marihuana.
- Poseer algunos gramos de LSD durante un festival.
- Actuar como intermediario en la venta de 10 dólares de marihuana a un policía encubierto.
- Vender una piedra de crack.
- Negociar verbalmente la venta de dos piedras de crack a un policía encubierto.
- Poseer una caja de pastillas para descongestionar que podrían ser usadas para hacer metanfetaminas.
- Ser atrapado a intentar cambiar un cheque robado.
- Ser atrapado con partes de auto robadas.
- Poseer llaves robadas.
- Robar gasolina de una camioneta.
- Robar herramientas de un patio.
- Robar tres cinturones de un almacén.
- Robar algunas cámaras digitales de un almacén.
- Robar dos sudaderas de una tienda deportiva.
- Robar una televisión, una cierra y un convertidor de energía de una casa.
- Allanar una tienda de licores durante la noche.
- Hacer una amenaza borracho a un policía desde el asiento trasero de una patrulla.
- Ser un criminal convicto en posesión de una pistola.
- Tomar el arma de un padrastro abusivo.
Los anteriores no son cargos típicos de primer cargo en Estados Unidos, pero tampoco son casos aislados. El 83% de los casos investigados recibieron cadena perpetua por obligatoriedad, esto quiere decir que el juez que presidió el caso no tuvo más opción que darles cadena perpetua, contrario a procesos en los que el juez decide aplicarla o no. Las sentencias obligatorias suelen ser resultado de ofensas de delincuentes reincidentes y deben aplicarse según las siguientes reglas estándar:
Los datos examinados por la ACLU vienen del sistema federal de prisiones y de las cárceles de 9 estados que respondieron a la solicitud de los investigadores de abrir sus registros. Esto significa que el número de presos de por vida por crímenes no violentos es mucho más alto que el reportado.
Un dato duro que sí podemos conocer por la investigación es que el número de cadenas perpetuas por casos no violentos aumentó dramáticamente en los últimos 10 años. A decir verdad, se cuadruplicó. En 1992, se registraron 12 mil 453 casos, mientras que en 2012 fueron 49 mil 81. De entre estos casos, un abrumador 79% está relacionado con crímenes de drogas.
La mayoría de los condenados a cadena perpetua por crímenes no violentos pertenecen a minorías raciales: el 65% son negros y el 16% latinos.
Obviamente, la manutención de todos estos delincuentes no violentos no es barata. Al estado de Luisiana, por ejemplo, cada uno cuesta al estado medio millón de dólares. Según cálculos de la ACLU, si cada uno de estos criminales obtuviesen la sentencia que merecen según la tabla de arriba en vez de una injusta cadena perpetua, podrían salvarse al menos mil 800 millones de dólares en impuestos que podrían ser destinados a otras cosas.
Medidas de esta clase están relacionadas con un giro moral en la aplicación de la ley antidrogas en Estados Unidos, paralelo al de la política que Felipe Calderón aplicó en México durante su sexenio. Repentinamente, el combate al narcotráfico alcanzó la calidad de una cruzada ética, y aplicaron sanciones desmedidas a los criminales relacionados con casos de drogas.
En agosto, el titular de Justicia, Eric Holder buscó inaugurar una nueva política cuya mayor aportación es la posibilidad de no aplicar las máximas penas por obligatoriedad a criminales no violentos implicados en casos de drogas. No obstante, esta política ha sido calificada de insuficiente por múltiples grupos, incluyendo a los investigadores de la ACLU, quienes opinan que se trata más bien de una medida simbólica siempre que no se legisle rigurosamente y se distingan con claridad entre delitos graves y no graves en torno al narcotráfico y otros ámbitos.
Vía: Mother Jones
