El 29 de octubre del año pasado, 2021, el actor Octavio Ocaña de 22 años perdió la vida tras recibir un balazo en la cabeza tras una persecución policiaca en la carretera Chamapa-Lechería, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Lamentablemente en redes sociales y en algunos medios de comunicación se filtraron fotografías y videos del actor momentos antes de morir y de su cuerpo, imágenes que solo pudieron haber sido tomadas por los agentes que estaban ahí.
Más de un año después, la familia del actor junto con activistas y organizaciones impulsan la Ley Octavio Ocaña para reformar el Código Penal del Estado de México.
Ley Octavio Ocaña en el Estado de México
Por medio de sus redes sociales, la fundación jurídica LexPro compartió un comunicado para hablar de la iniciativa de ley Octavio Ocaña.
Se trata de una iniciativa de decreto con proyecto de reforma al artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México. Lo que quieren prevenir es que se cometa el delito relacionado con el “respeto a los cadáveres”, además de que se garantice el acceso a la justicia a las víctimas indirectas.
La iniciativa, presentada por la diputada Luz María Hernández, de Morena, propone hasta 10 años de prisión para los servidores públicos difundan imágenes, audios o videos de cadáveres, además de aumentar a más de 96 mil pesos la multa correspondiente.
Actualmente el Código Penal mexiquense establece de 3 a 6 años de prisión, así como casi 10 mil pesos de multa, para quien difunda imágenes de cadáveres que estén relacionados con una investigación penal.
Cuando se trata de mujeres, niñas o adolescentes, la pena aumenta hasta en una mitad y para servidores públicos las penas solo aumentan una tercera parte del total.
Pero hay algo extra.
La legisladora explica que Marcelina N es una paramédico que presuntamente habría tomado fotos del cadáver del actor durante su traslado el hospital.
Pero a ella no le pueden agregar el agravante (un aumento de la tercera parte de la pena) del delito porque la ley solo contempla a servidores públicos de una institución de seguridad o impartición/procuración de justicia.
Y esta iniciativa también tiene parecido con la Ley Ingrid, aprobada a nivel federal en marzo de este año.
¿Cuál es la diferencia con Ley Ingrid?
Aunque la Ley Ingrid también propone penas para quien difunda fotos o videos de cuerpos que son parte de una investigación penal, en el apartado de servidores públicos solo habla de “servidores públicos de una institución de seguridad pública o de impartición/procuración de justicia”.
La legisladora mexiquense explica que esta redacción deja fuera a los servidores públicos que participan en el proceso de atención a la víctima (viva o muerta) en general. Como, en este caso, los paramédicos.
A finales de marzo pasado la paramédica Marcelina “N” y el policía de investigación Raúl “N” fueron vinculados a proceso por tomar fotos del cuerpo del actor.
“La familia Pérez Ocaña, los participantes en la creación de la iniciativa y los integrantes de nuestra Fundación estamos convencidos de que luchar para obtener justicia en este caso no es suficiente; en honor al recuerdo y al legado de Octavio Ocaña pelearemos porque este tipo de delitos no afecten a más personas y de ser así, que las víctimas cuenten con leyes más justas que los protejan”, se lee en el comunicado de la organización.
