La Suprema Corte de Jusiticia de la Nación declaró constitucional la Ley de Geolocalización, en la que se faculta a la PGR para solicitar la localización de celulares sin orden judicial (sólo si hay un gran riesgo)
Hace unos días les informamos que pese a que 8 de los 11 ministros habían votado a favor de la ley de geolocalización (acá les explicamos de qué trata), se había aplazado el fallo de la SCJN, porque era necesario ajustar los detalles de en qué casos sí puede rastrearse un móvil y ponerle límites a los agentes del ministerio público.
Después de un par de horas de sesionar y discutir, se acordó que los ministerios públicos deberán dejar constancia de dicha solicitud en el expediente de la averiguación previa y motivar el requerimiento sólo en casos de extrema urgencia.
¿Qué es un caso de extrema urgencia?
Cuando esté en riesgo la vida de una persona, cuando pueda desaparecer el objeto de la investigación y en delitos como secuestro, amenazas, crimen organizado, delitos contra la salud y extorsión.
¿Recuerdan esos viejos tiempos en los que el PRI gobernaba y tenía una red de espionaje llamada Cisen? Nosotros tampoco pero estamos a punto de vivirlo y no es que no queramos confiar en la buena voluntad de los agentes del ministerio público, ni que creamos que esto no se hacía antes sino que es preocupante la apertura de esta ley.
En el país de los presuntos culpables, si alguien no quiere ser localizado, ¿eso lo convierte en criminal?. ¿Cómo podemos estar tranquilos si México, carga con historias de desapariciones forzadas, censura, persecuciones políticas y encarcelamientos injustos?
Esta ley no sería necesaria si las autoridades trabajaran de manera eficiente y es natural que desconfiemos de autoridades que se han mostrado corruptas y que actúan en función de intereses particulares en el devenir del tiempo.
