Uno de nuestros lectores, Manuel Hernández Borbolla*, publicó en su blog un texto que decidimos reproducir y que describe cómo “el gobierno federal condonó adeudos fiscales por al menos 177,109 millones de pesos en 2013, cifra que representa el 97% del monto total de lo que se prevé obtener con la reforma fiscal. Un ejemplo de cómo el gobierno premia a los contribuyentes morosos y castiga a quienes pagan impuestos de manera puntual“.
De manera discrecional, el gobierno federal condonó adeudos fiscales por al menos 177,109 millones de pesos en 2013, cifra que representa el 97% del monto total de lo que se prevé obtener con la reforma fiscal. Un ejemplo de cómo el gobierno premia a los contribuyentes morosos y castiga a quienes pagan impuestos de manera puntual.
Hasta octubre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria ha condonado adeudos fiscales por 177,109 millones de pesos, cifra similar a los 180,000 millones que el gobierno federal pretende recaudar con la reforma hacendaria aprobada por el Congreso en octubre pasado.
El monto perdonado a los contribuyentes morosos este año representa más que los adeudos fiscales condonados en los últimos 12 años, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que conjuntamente condonaron adeudos por 105,821 millones de pesos, según datos del SAT obtenidos mediante una solicitud de información.
La cifra récord de condonaciones fiscales para el presente año es el resultado de un programa de amnistía fiscal aprobado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de 2013, denominado ‘Ponte al corriente’, el cual tenía como principal objetivo ‘limpiar’ los registros contables de los contribuyentes morosos, incluyendo tanto a particulares como a estados y municipios, además de elevar los niveles de recaudación.
Dentro de los beneficiarios de este programa se encuentran empresas como Televisa, a la cual le fueron condonados créditos fiscales, de manera discrecional, por 3,334 millones de pesos luego de pagar el 10% del adeudo y desistir en el juicio de nulidad que promovió contra el SAT en 2011.
A pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó al SAT dar a conocer los nombres de los contribuyentes beneficiados por el programa Pone al Corriente, tal como resolvió el pleno del IFAI en octubre pasado, el organismo recaudador se ha negado a revelar dicha información.
Dicho programa fue incluido y aprobado por diputados y senadores dentro del Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos 2013, luego de que la iniciativa original enviada por el Ejecutivo al Poder Legislativo no incluía ninguna propuesta para condonar créditos fiscales.
“Se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al SAT, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago”, señala el texto aprobado por el Congreso.
Sin embargo, la discrecionalidad con la que opera dicho programa ha generado críticas por parte de los legisladores del PRD y PAN, quienes consideran contradictorio que por un lado el gobierno federal sea condescendiente con los deudores fiscales al mismo tiempo que castiga a los contribuyentes cumplidos.
“Es una cifra de escándalo. Se les perdonan impuestos a algunos y se endeudan a todos los mexicanos. Es el reflejo de la profunda inequidad fiscal que vive nuestro país, donde solo pagan impuestos unos cuantos mientras otros tienen toda clase de abusos y privilegios fiscales”, señala el senador del PRD, Mario Delgado.
El legislador del sol azteca criticó la anuencia del presidente Enrique Peña Nieto para perdonar impuestos al mismo tiempo que en su paquete económico de 2014 plantea contratar deuda por 70,000 millones de pesos para cumplir con las obligaciones financieras del gobierno.
“Si Hacienda se hubiera enfocado más en recaudar que en perdonar impuestos no hubiera sido necesaria la reforma fiscal de 2014 (…) Tal vez lo que estamos viendo es el pago de favores y compromisos que tuvo Peña Nieto en su campaña y que una vez en el gobierno, se los paga con el fisco”, agregó.
Hasta septiembre de 2013, el SAT recuperó 52,028 millones de pesos provenientes de adeudos fiscales, cifra que representa el 29% del total condonado. Un porcentaje que dista mucho del 45% que el gobierno federal estimaba recaudar con el programa de amnistía fiscal, de acuerdo con Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada perredista en el Senado.
Por ello, los legisladores del sol azteca señalaron que solicitarán tanto a la Auditoría Superior de la Federación como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar informes detallados con los nombres de los contribuyentes beneficiados por la condonación de impuestos, luego de que el Congreso eliminó el secreto fiscal de los contribuyentes morosos durante la aprobación de la reforma hacendaria aprobada en octubre pasado.
La bancada del PAN también indicó que solicitará al SAT más información sobre los beneficiados por las condonaciones fiscales, ya que a decir del legislador Héctor Larios, “resulta verdaderamente grave que le pidas un enorme sacrificio a la sociedad con nuevos impuestos, que afectes la productividad de empresas, se ahuyenten inversiones y se graven las prestaciones de los trabajadores y con la mano izquierda se perdona una cantidad igual a la que se pretende recaudar con los nuevos impuestos”.
“Aparte de que nos sube impuestos, quita instrumentos de control a los grandes empresarios, a los grandes intereses, y tampoco nos está diciendo cómo va a resolver el asunto estructural de los pasivos laborales, de manera que estamos en la vertiente de una regresión financiera”, agrega el senador del blanquiazul por Baja California, Ernesto Ruffo.
Por su parte, el PRI considera que tras el programa de amnistía para deudores, la reforma hacendaria buscará tapar los “huecos” legales que actualmente permiten a los grandes contribuyentes evadir al fisco, tal como ocurrió con Grupo Televisa.
“Estas condonaciones se dan porque evidentemente existen condiciones de vaguedad en la ley que lo hacen factible y posible”, señala el tricolor José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado.
“El hecho de inflexibilizar las disposiciones fiscales tiene como propósito cerrar cauce a todo este tipo de estados de excepción que generan huecos en la recaudación”, apuntó.
Durante la implementación del programa ‘Ponte al corriente’, el gobierno federal condonó hasta el 80% de los créditos fiscales por contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, además del 100% por recargos, multas y gastos de ejecución derivados de los conceptos mencionados anteriormente.
Diversos legisladores consultados para este texto reconocieron que dicho artículo no fue discutido con tiempo suficiente debido a las prisas con las que se aprobó la Ley de Ingresos 2013, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto tomara posesión del cargo en diciembre del año pasado.
Mensajes contradictorios
Para el abogado y consultor en temas fiscales, Herbert Bettinger, la implementación del programa resultó positiva para que el gobierno y los contribuyentes pudieran sanear sus estados financieros, aun cuando este tipo de medidas desincentivan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.
“Este fue un programa especial que se pidió desde la Cámara de Diputados justamente para quitar esas barreras que nada más dañaban las estadísticas, porque financieramente era difícil obtener más de lo que ya se obtuvo”, señala.
“Este es un programa para el incumplido y en este país ser incumplido siempre es un beneficio. No ha habido ningún programa para la parte cumplida. Sí es contradictorio. Ayuda a ser moroso y desestima al cumplido”, agrega el especialista.
En el mismo sentido apunta Ricardo Corona, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien considera que las facilidades otorgadas por el gobierno federal para que estados y municipios retengan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado del pago de nómina de sus trabajadores sin reportarlo a la SHCP, representa otro ejemplo de inequidad en el pago de impuestos y opacidad en el manejo de recursos públicos.
Esto debido a que los acuerdos suscritos entre el gobierno federal y las entidades beneficiadas por esta condonación de impuestos han sido reservados por el SAT aún cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó a hacer pública dicha información, según una investigación realizada por el IMCO.
De ahí que hasta el momento se ignora qué porcentaje de los 177,109 millones de pesos condonados en lo que va de 2013 pertenecen a estados y municipios.
“No hemos llegado a saber de manera cierta a cuánto equivale o quiénes han suscrito los convenios para indagar esta información”, explica Corona.
“Uno de los efectos de esto es que el contribuyente promedio cuestione que a los estados y municipios les están condonando una millonada de recursos, lo cual provoca una pérdida de confianza por parte del contribuyente a través de mensajes contradictorios”, agrega.
Para el investigador Fausto Hernández Trillo, experto en finanzas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la condonación de impuestos a estados y municipios obedece más a una cuestión política, pues asegura que durante la aprobación de la Ley de Ingresos de 2013 hubo una fuerte cabildeo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y asociaciones que integran a varios municipios con el fin de sanear sus finanzas públicas.
“Lo más grave de todo es la inequidad, es decir, porque si muchas empresas no enteraran lo que se les retuvo a sus empleados sería delito, por qué no lo es con estados y municipios y por qué el Congreso le da ese tratamiento de privilegio a las entidades”, señala.
“Este no es un problema de Hacienda, sino del Legislativo. Yo fui siguiendo el proceso en estados y municipios y fueron tanto la Conago como asociaciones de municipios las que estuvieron cabildeando en el Congreso de una manera muy fuerte, porque Hacienda se los estaba cobrando”, indicó Hernández.
Para la realización de este reportaje se contactó a funcionarios del SAT para conocer su versión del tema y conocer qué porcentaje de las condonaciones corresponde tanto a particulares como a estados y municipios, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
|
Año
|
Importes Condonados (millones de pesos)
|
|
2000
|
0
|
|
2001
|
0
|
|
2002
|
0
|
|
2003
|
7.83
|
|
2004
|
228.83
|
|
2005
|
632.70
|
|
2006
|
2,198.20
|
|
2007
|
32,098.70
|
|
2008
|
54,893.60
|
|
2009
|
3,057.66
|
|
2010
|
1,420.83
|
|
2011
|
9,881.19
|
|
2012
|
1,401.67
|
|
2013
|
177,109.75
|
Fuente: SAT
Calderón canceló créditos fiscales por 483,086 millones de pesos
Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el gobierno federal canceló créditos fiscales por 483,086 millones de pesos de manera discrecional.
A pesar de que la baja recaudación de México ha sido uno de los argumentos utilizados por el presidente Enrique Peña Nieto para promover la reforma hacendaria recientemente aprobada en el Congreso, el gobierno de Calderón canceló créditos fiscales por 483,086 millones 316,990 pesos durante el periodo 2007-2012, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtenidos a través de una solicitud de información.
A diferencia de lo que ocurre con la condonación de impuestos, donde el gobierno exonera de toda responsabilidad de los deudores, la cancelación de créditos fiscales implica que la deuda de los contribuyentes morosos con el fisco no desaparece, por lo cual, el gobierno puede reiniciar las labores de cobranza si cambia la circunstancia que dio origen a la cancelación.
Aunque la ley faculta al SAT para cancelar créditos fiscales “con imposibilidad práctica de cobro o que fueran incosteables”, de acuerdo con datos de la dependencia, el manejo discrecional con que el gobierno autoriza la cancelación y condonación de créditos fiscales pueda ser utilizada para encubrir casos de corrupción, de acuerdo con expertos.
“La decisión de las autoridades hacendarias y en especial del SAT sigue siendo opaca”, señala María Sánchez de Tagle, integrante del equipo de estrategias jurídicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., organización especializada en temas de transparencia y rendición de cuentas.
“A lo mejor las razones o el fundamento que traen detrás no son necesariamente malos o equivocados, pero si no nos dan acceso a la información pública a la que tendríamos que tener acceso, nos hace pensar que hay una incongruencia o algo de discrecionalidad que permite se den casos de corrupción”, apunta.
El tema de la cancelación y condonación de aduedos con el fisco cobró relevancia en 2007, luego de que un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública de 2005 indicó en su momento que “no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto”.
En 2007, la cancelación de créditos fiscales ascendió a 73,960.4 millones de pesos, incluyendo 166 créditos con montos entre 25 y 100 millones, y otros 15 créditos de 100 a 500 millones de pesos, cancelados en su mayoría por “incosteabilidad” de cobro, de acuerdo con información obtenida a partir de una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información en junio de 2012.
Fundar consideró que el tema era de interés público y solicitó al SAT el nombre de los contribuyentes beneficiados por la cancelación de créditos, información que fue denegada con el argumento de que revelar dicha información vulneraba el secreto fiscal establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esta determinación fue ratificada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de julio de 2012 tras estudiar el amparo 699/2011 interpuesto por Fundar.
A pesar del alto monto derivado de créditos fiscales cancelados en 2007, la cifra fue superior los años siguientes, siendo 2011 el año récord, al registrar 125,843 millones de pesos, una cantidad superior al monto destinado conjuntamente al Programa Oportunidades y el Seguro Popular para ese mismo año (125,102 millones de pesos).
“Lejos de servir como una protección al contribuyente, esto le permite al SAT reservar arbitraria y sistemáticamente todo tipo de información”, agrega Sánchez de Tagle, quien considera.
La reforma fiscal aprobada por el Congreso en octubre pasado propone que el secreto fiscal sólo sea válido para los contribuyentes cumplidos, con lo cual, el SAT estaría obligado a publicar en internet el nombre, la razón social y el RFC de los ciudadanos a quienes les cancele un crédito fiscal por incosteabilidad del cobro, insolvencia del deudor o programas de condonación.
Cancelación de créditos fiscales 2000-2012
|
Año
|
Importe (millones de pesos)
|
|
2000
|
673.93
|
|
2001
|
1,267.60
|
|
2002
|
755.57
|
|
2003
|
284.99
|
|
2004
|
4,248.15
|
|
2005
|
18,084.75
|
|
2006
|
17,879.15
|
|
2007
|
73,960.40
|
|
2008
|
38,043.57
|
|
2009
|
75,756.72
|
|
2010
|
81,060.34
|
|
2011
|
125,843.16
|
|
2012
|
88,422.11
|
Fuente: SAT
*Vía Fitzionario
*Periodista y comunicólogo por la UNAM, especializado en política y medio ambiente. @Manuelhborbolla
