El Congreso de Nuevo León aprobó, en primera vuelta, reformas a la Constitución de su estado para elevar a rango constitucional el «derecho a la vida» desde la fecundación hasta la muerte natural.
Como era de esperarse, tal tema causó un gran revuelo entre la ciudadanía de ese estado. Las reformas fueron aprobadas por el PRI, el PAN y dos legisladores independientes con 33 votos contra 6 en contra por parte del PRD, Nueva Alianza y el PT.
La diputada local del PAN, Carolina Garza Guerra, expresó:
«es una legislación moralmente recta»
El legislador priista José Juan Guajardo Martínez señaló:
«más allá de las convicciones personales, lo que nos debe mover es el interés social»
Por el lado de Nueva Alianza, Juan Antonio Rondríguez González dijo:
«le estamos quitando el derecho de decisión a la mujer sobre su cuerpo»
El perredista Eduardo Arguijo Baldenegro, expresó su inconformidad con la rapidez para dictaminar en 3 días el expediente, y afirmó que se privilegiaron
«razones ideológicas, con la intención de cerrar la puerta a otros derechos que desde el punto de vista conservador son incompatibles con su forma de ver la sociedad»
En la votación estuvieron grupos antiabortistas como «Yo Soy Voz», quienes pudieron ingresar al recinto legislativo. Por otro lado, hubo grupos en contra de la reforma como el Instituto Estatal de las Mujeres y la asociación de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, entre otros.
¿Qué es lo que dice la reforma?
La reforma establece que desde el momento de la fecundación existe un sujeto y que éste es considerado nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural.
Como es una reforma constitucional, se necesita todavía la aprobación de una segunda vuelta con el apoyo de por lo menos 28 de los 42 diputados del Congreso local.
¿Cuál es el problema con esta reforma?
Fuera de cualquier polémica en torno a considerar a alguien como nacido antes de la formación del sistema nervioso central (no nos enfocaremos en esto), el verdadero problema con la prohibición del aborto a nivel constitucional es que no elimina esta práctica, la cual persiste en la clandestinidad con personas no capacitadas y en lugares insalubres que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Prohibir el aborto no elimina el aborto, solo lo hace clandestino, además de que las mujeres que se ponen en más riesgo son las de los estratos más humildes, pues, mientras las mujeres más adineradas pueden ir a la ciudad de México o a Estados Unidos a realizarse un aborto, las más pobres son orilladas a recurrir a personas no capacitadas, lo cual solo aumenta los índices de mortalidad de estos sectores.
El problema no es prohibir un fenómeno y criminalizar a los que lo practican, sino minimizar los efectos negativos de dicho fenómeno en la población.
En entrevista con MVS Noticias, la diputada perredista Marta Lucía Micher Camarena expresó:
«Es un panorama realmente retrógrada, es un panorama irracional, que finalmente esta iniciativa pues atenta contra la dignidad de las mujeres, contra el derecho a decidir, contra la autonomía reproductiva, pero además es contraria -y hay que decirlo con todas sus palabras- al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estableció muy claro que el embrión no es persona y, por lo tanto, no es titular del derecho a la vida considerando que para la protección de la vida prenatal se debe de tomar en cuenta los derechos humanos de las mujeres embarazadas»
«Con esta reforma habrá abuso de autoridad, no es para defender el derecho del embrión, es para criminalizar a las mujeres, no para protegerlas, sino para restringir sus derechos, atentando contra su vida y libertad»
