El congreso de Chile aprobó una iniciativa que permite que más de un millar de presos de edad avanzada, puedan seguir pagando su condena bajo arresto domiciliario para prevenir que se contagien de COVID-19, mientras conviven con más de 40 mil reos, lo que se podría convertir en una bomba de tiempo. Sin embargo, la nueva ley ha desatado una verdadera polémica, pues también se podrían beneficiar criminales de lesa humanidad.
Si bien, durante este confinamiento voluntario a causa de la pandemia por COVID-19, hemos tenido la oportunidad de comprender mejor y sentir un poco de empatía por las personas que culpables o inocentes pasan décadas tras las rejas en espacios pequeños y sobrepoblados. Ahora sabemos lo que atraviesa ‘Chayito’ o ‘El Chapo’, pero sin ser juez ni parte, sabemos que por algún motivo están allí.
Como si las cosas en Chile no estuvieran como agua para chocolate, entre las protestas multitudinarias del movimiento “Estallido Social en Chile” y la propagación del coronavirus que ya contabiliza 17 presos y 31 guardias carcelarios contagiados, esta iniciativa, pretende apelar a los derechos humanos, no obstante, al mismo tiempo revive el pasado más sensible y doloroso de Chile: Los horrores de la Dictadura.
Por un lado, para que los reos puedan acceder a los beneficios de esta nueva ley, los presos de todas las cárceles de Chile, tienen que ser mayores de 75 años o tener alguna enfermedad terminal y haber pagado más de la mitad de su condena en prisión, sin discernir que los prisioneros hayan cometido delitos calificados como ‘atroces’ o ‘de carácter inhumano’, incluyendo a exmilitares y agentes del Estado chileno pertenecientes al régimen militar de Augusto Pinochet.
El presidente Sebastián Piñera, uno de los principales defensores de la nueva ley, explicó que “Lo que yo creo es que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio. La idea es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario, total y eso va a favorecer a muchas personas no solamente de Punta Peuco, sino de todas las cárceles de Chile, que debieran poder morir con dignidad”
En respuesta, Alicia Lira, presidenta de la agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, dijo a DW que “No estamos de acuerdo ni aceptaremos que salgan ni por la pandemia ni porque sean unos pobres viejitos. Tienen una cárcel especial en que no están hacinados, que tienen recreación y tienen el mejor hospital de Chile, que es el Hospital Militar o de Carabineros”.
Aún contra corriente, el congreso chileno se reunió el pasado 8 de abril del 2020, para aprobar el proyecto, a su vez, el Senado aprobó la nueva ley con 31 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, para que finalmente la mayoría de los diputados la respaldaran con 92 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. De tal manera, que aun cuando la pandemia haya cesado, los presos podrán pasar sus últimos años en la comodidad de su casa, sin importar la gravedad del o los delitos cometidos.
Pero, aún no podrán cantar victoria. Algunos políticos pertenecientes a la ‘Coalición por el Cambio’, el partido que le valió la presidencia a Piñera, promovieron un amparo ante el Tribunal Constitucional, para que revoque la ley, que, aseguran, es inconstitucional al no respetar el derecho a la igualdad ante la ley y la protección a la vida de los presos por violaciones a los derechos humanos. El fallo final, se dará a conocer el lunes 13 de abril.
