Por Enrique Díaz-Infante Chapa
Yo nací en los albores de la década de los setenta. Casi toda mi generación, salvo aquellos que no tuvieron infancia, sienten escalofrío si, cuando te vas a meter al mar, a alguien se le ocurre empezar a tararear la famosa tonadita del tema de la película de Tiburón, de Steven Spielberg (1975). Hasta la fecha, el mismo me sigue erizando la piel. Bueno, pues de un tiempo a la fecha, cada vez que escribo o hablo de la deuda subnacional, esa tonadita me viene a la mente y me asusto. Y es que la deuda estatal es un peligro real, oculto y que en cualquier momento puede mordernos a todos si no hacemos algo pronto al respecto.
Recientemente, casos escandalosos de sobreendeudamiento como el de Coahuila, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo han llamado la atención del público en relación con el nivel de pasivos estatales. Pero… ¿por qué preocuparnos con la deuda subnacional si ésta representa tan sólo el 3.5% del PIB, según los datos registrados en la Secretaría de Hacienda? Además, éste es un problema local, ¿verdad? Lamentablemente, me temo que sí debemos inquietarnos, y mucho, pues el tiburón se acerca y puede mordernos si no hacemos algo pronto para revelarla, contenerla y atacarla. Su monto es mayor a este porcentaje, su tendencia de crecimiento es acelerada, los ingresos propios de los estados son exiguos y existe el riesgo de que todos acabemos pagándola.
¿Cuál es entonces el monto real del total de la deuda local? La respuesta es: “quien sabe”. Gran parte de los estados tienen deuda no reportada, muchas veces “oculta” en fideicomisos privados o atrás de contratos de prestación de servicios ligados a proyectos de inversión. Por lo que toca a la no reportada, la Auditoría Superior de la Federación en su reciente publicación de los resultados de la Cuenta Pública 2016, revela que la misma asciende a $586mil 733 millones de pesos. Esto es, 75 mil millones de pesos, más que hace un año cuando era de $511mil 719 millones.
Pero aquí no para la cosa. Resulta que estos pasivos diferentes de los registrados por la SHCP, no incluye los pasivos de pensiones, ni con proveedores, ni aquellos de financiamiento estructurado a través de fideicomisos. A través de estos últimos, los gobiernos estatales se endeudan a largo plazo para la realización de proyectos de inversión. La exigua recaudación de los gobiernos locales que se limita generalmente al impuesto predial, la tenencia, los derechos de licencias y el impuesto sobre nómina, es hipotecada por muchos gobiernos subnacionales para pagar proyectos ficticios o inflados en costos, muchos de los cuales son auténticos elefantes blancos.
La recaudación local en muchos casos (se estima que en al menos 20 estados) está afecta a fideicomisos “privados” y sirve de fuente de pago o garantía de créditos a 15 y 25 años para el pago de proyectos de inversión (asociaciones público-privadas). La ingeniería financiera de este endeudamiento ha corrido en la mayoría de los casos a cargo de Protego-Evercore, quien tiene dominancia en el mercado de deuda local estructurada. Dichos proyectos, en muchos casos, son construidos y operados con sobre-costos, por empresas afines al gobernante en turno. De aquí salen parte de los recursos para “cochinitos electorales” y para incrementar fortunas personales.
Para evitar su aprobación y fiscalización por parte de los congresos locales y auditorías estatales (como si sirviera eso de mucho…), Protego-Evorcore, y otras consultorías que han operado bajo estos esquemas, como parte de sus servicios han asesorado a los gobiernos estatales para la modificación de sus leyes de deuda pública estatal, egresos, obra pública y arrendamiento y prestación de servicios, a fin de establecer que los proyectos de inversión no constituyan deuda. El punto último de la estrategia para evitar el eventual repudio de esta deuda por parte de congresos locales futuros se dio a través de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios. Ahí se estableció (artículos 22, 23, 24 y 31) que el gobierno federal podrá respaldar esa deuda, a discreción del Secretario de Hacienda, si la misma se refinancia a un costo menor (lo cual no es difícil). Lo anterior, sin siquiera reparar en su constitucionalidad –casi toda esta deuda viola los principios de deuda establecidos en la jusrisprudencia 163/2007 y en el artículo 117 fracción VIII– ni fiscalizar el origen y destino de la misma. Así, de acuerdo con esa ley, el endeudamiento de los Duartes (Veracruz y Chihuahua), de Borge (Quintana Roo), Moreno Ovalle (Puebla) y demás, pudiera poner los reflectores en forma cada vez más intensa en este problema.
Estos “errores de omisión” trataron de ser corregidos, en parte, en las recientes reformas de 2016 a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí se le dieron facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar aquella deuda estatal, que eventualmente sea respaldada por la Federación. Lo malo es que, mientras esa deuda siga a nivel local, sólo podrá ser fiscalizada por los poderes legislativos de los estados y ahí sí que se agarren los contribuyentes locales quienes serán víctimas de la debilidad institucional a ese nivel de gobierno.
En suma, que desconocemos el monto de los pasivos pensionarios, con proveedores y el resultante de deuda estructurada a través de fideicomisos privados. Esas deudas locales eventualmente las tendremos que pagar todos. Por eso no me juzguen si tiemblo al hablar de deuda estatal, pues siento que el tiburón blanco de Spielberg se acerca.
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Enrique Díaz-Infante Chapa es Director del Programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Twitter: @ediazinfante
enrique.diazinfante@ceey.org.mx
