Michoacán no es el único estado en el cual la gente se está cansando de no recibir atención por parte del gobierno y sufrir la violencia de los grupos organizados.

Pioquinto Damián Huato, dirigente de la Canaco en Chilpancingo, afirmó que en Guerrero se requiere también de un comisionado especial nombrado por el gobierno federal para garantizar el orden, como ocurrió en el estado de Michoacán.

Según el Universal, este empresario siente temor, es por eso que no salió a participar a la marcha por la paz que convocaron los empresarios en su entidad.

Expresó que el atentado en su contra en el que murió su nuera, y su hijo resultó herido fue algo muy fuerte y espera que no le quiten a su escoltas, además afirmó que apoya a las guardias comunitarias de su estado.

En entrevista con este medio, el empresario señaló que Guerrero necesita el apoyo del gobierno federal como ocurrió en Michoacán para poder garantizar el orden.

Damián Huato expuso que la iniciativa privada en su municipio no financia a las policías civiles, pero los apoyan por la «desesperación», pues asegura que el crimen organizado a ocupado todos los espacios.

Testimonió que los criminales les exigen a los empresarios un millón de pesos, 500 mil o 200 mil para no secuestrarlos a ellos o a sus familiares, y si los empresarios decían que no tenían para pagar, les contestaban:

«No te estoy preguntando si tienes, mañana venimos»

Después comenzaron a cobrarles por el derecho de piso, y los criminales comenzaron a cobrarles de 3 mil a 5 mil pesos.

El empresario dice que todo comenzó en el cambio de gobierno en el 2013, pues ese año se registraron 84 secuestros, 64 negocios cerraron, 60 familia huyeron de la cabecera municipal y se han perdido unos 600 empleos.

Mientras el gobierno desconfía de las guardias comunitarias, él empresario, filósofo, y político da su voto de confianza y no cree para nada que se puedan convertir en grupos paramilitares, pues su participación es parte de las tradiciones de las comunidades de Guerrero:

«Es una gran responsabilidad, un alto honor, ser comandante de la policía comunitaria»

El dirigente empresarial expresó como fue el atentado en su contra:

«Yo estuve con él (el alcalde) a las 7:05 de la tarde en la asamblea de El Ocotito, y ahí miles le reclaman los resultados; Mario es cuestionado, antes que yo, por todos los operadores y le señalan que es incompetente, que es esto, que es lo otro y le reclaman, y cada vez que él habla lo abuchean.

Entonces, tomo la palabra yo -cuando lo vinculó con el crimen organizado- y como me veo rodeado por la gente de Mario, empecé a temer por mi vida. Termino mi participación, me subo a mi camioneta y trato de salir rápido, sin que terminara el mitin, temiendo por mi vida, y una hora después me atacaron cobardemente»

El dirigente de los empresarios en este estado expresó que el problema comenzó a agravarse con la nueva administración. Cuando se le cuestionó que cómo podía hacer estos vínculos, dijo:

«Bueno, porque hay muchos indicios que lo señalan: institucionalizaron los cobros de derecho de piso, creció el comercio informal, tienen control de la feria, el palenque de gallos, el transporte público, y como esos hay muchas cosas, los secuestros, los asesinatos. Seis personas intentaron matarnos; he sufrido dos veces amenazas de muerte y el martes un atentado»

Y sobre si los empresarios apoyaban económicamente a las guardias comunitarias, expresó:

«Ya quisiéramos para nosotros dinero. No, de ninguna manera, la economía en Chilpancingo está muy deprimida. No, no, no, es un apoyo por la desesperación.

Nosotros somos muy institucionales, creemos en la ley, creemos en el derecho, creemos en el respeto a la Constitución. Estamos convencidos no sólo de las instituciones, sino que somos aliados naturales del gobierno, el apoyo es porque han funcionado.»

Pero bueno, recordemos que el día de ayer en conferencia de prensa el procurador general de la República, Jerús Murillo Karam, desestimó la posibilidad de mandar un comisionado para arreglar la situación en Guerrero, pues dijo que la estrategia que utilizaron en Michoacán no la copiarían en las otras entidades del país. La cosa es que, si no harán esto ¿qué harán tanto en este estado como en los otros? Ya que la situación es cada vez más insostenible y la población civil ya no puede seguir sufriendo los abusos del crimen organizado.

 

***Vía El Universal

 

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