En su columna del día de hoy para el diario El Universal, Katia D’Artigues Beauregard y en el marco de movimiento #AccesoDiscapacidad, que el día de hoy busca incluir una regulación en la #LeyTelecom para dar acceso a discapacitados a las telecomunicaciones, le recuerda a los legisladores que no cuesta nada pensar para todos y a futuro. Los discapacitados, al igual que todos los ciudadanos, también tienen derecho a un uso libre de las telecomunicaciones. Recuerda que la información y la expresión son la base de todos los demás derechos. Cuando alguien es silenciado, tu también pierdes.
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La diferencia entre “y” y “o”
Por Katia D’Artigues Beauregard
El Senado Mexicano está a días de quedarse en el “ya merito” de garantizar de manera plena el acceso de las personas con discapacidad hacia las telecomunicaciones. Están, digamos, como a punto de meter gol y pasar a los cuartos de final de los países plenamente accesibles y que respetan los derechos humanos de todos. Ojalá lo hagan.
Antes que nada reconozco y agradezco que haya un sustancial avance de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que, inexplicablemente, (porque fue su compromiso número uno con el sector, firmado ante notario y todo) incluía muy poco, a la versión de anteproyecto que circula desde ayer que ya tiene dos capítulos sobre los derechos de los usuarios y las audiencias con discapacidad.
Gran parte de la diferencia radicará en una sola letra: “y” en lugar de “o”.
Hablo del artículo 258, en el que dice en su numeral I, de los derechos de las audiencias: “I. Contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español o Lengua de Señas Mexicana para accesibilidad a personas con debilidad auditiva. Estos servicios deberán estar disponibles en algún segmento de al menos uno de los programas noticiosos de mayor audiencia;”.
A ver, desglosemos. Hay sordos que leen, entienden español, ellos pueden leer subtítulos. Tener subtítulos en la programación también ayuda a la alfabetización —y ortografía— de las personas sin discapacidad, ya está probado.
Pero hay personas sordas que reivindican su derecho a que su lengua materna es la Lengua de Señas Mexicana (LSM), que no tiene la misma gramática que el español. Ellos necesitan LSM en la programación y ayudaría para que comprendieran mejor el español los subtítulos con videodescripción.
Entonces, señores y señoras senadoras, no es “o” es “y”. Subtítulos y Lengua de Señas Mexicana.
Ahora también, imagine que a usted le dicen: sólo vas a entender un segmento de un noticiario. ¿Estaría de acuerdo? Yo creo que no. Parte del derecho que tenemos como audiencias, y que tienen las personas con discapacidad, es a elegir qué queremos ver y cuándo.
Ahora hay dos artículos transitorios, los dos últimos: cuadragésimo tercero y cuadragésimo cuarto. Ahí la historia es otra, para bien, pero aun así insuficiente si se quieren garantizar plenos derechos.
El cuadragésimo tercero habla de que en 3 años, las señales de los concesionarios de uso comercial que cubran más del 50% del territorio (TV Azteca y Televisa) y también las televisoras del Estado deben tener LSM o (de nuevo “o”) subtitulaje oculto en la programación de las 18 a las 24 horas. Sí, de acuerdo es un avance, pero, ¿por qué no en toda la programación? ¿Por qué no también televisión de paga? ¿Por qué quedarse en el “ya merito”?
El cuadragésimo cuarto habla de que los defensores de audiencia (de tele o radioescucha) deben en 90 días implementar accesos para que puedan recibir quejas, esto está bien.
Pero lo que no está es un compromiso de tiempo, para que las páginas de la Administración Pública Federal, al menos, sean accesibles para personas ciegas (artículo 201). Senadores: no nos apliquen El Son de la Negra al decir que sí pero no cuándo…
Y hay que ir por más, por todo: también por un centro de relevo que permite que las personas sordas “hablen” por teléfono. Algo que ya existe en países como Colombia y Uruguay. También porque haya cabinas de teléfono y servicios de cierta altura (más baja) para usuarios en silla de ruedas y también personas de talla baja.
Es bueno que el artículo 200 incluya la obligación de que los centros de atención al público sean accesibles, pero “siempre y cuando no implique una carga desproporcionada al concesionario o autorizado”. ¿Es mucho pedir rampas, baños accesibles, una impresora en braille? ¿Para un negocio millonario?
En fin, es un caso de derechos humanos. Nadie puede decir que está vacunado contra la discapacidad y la podría adquirir en cualquier momento. Además, porque cada día vivimos más se calcula que estadísticamente todos tendremos una discapacidad los últimos 9 años de nuestras vidas, aunque sea leve.
¿Qué cuesta pensar para todos y a futuro?
