Valentina Rosendo Cantú es una indígena me’phaa de la comunicad de Caxitepec, en el municipio de Acatepec, Guerrero. En el 2002, fue víctima de violación y tortura sexual por parte de un grupo de militares que llegaron a interrogarla el 16 de febrero, mientras se encontraba lavando ropa en un arroyo cercado a su casa. En ese entonces ella tenía 17 años.

16 años después, finalmente este lunes dos militares involucrados en la agresión sexual fueron condenados a 19 años de prisión por un juzgado nacional. Hay que mencionar que dicho fallo fue emitido primero por el juzgado séptimo de distrito, con sede en Guerrero, el pasado 13 de junio.

Los responsables directos de la agresión con el cabo Nemesio Sierra y el cabo de infantería Armando Pérez Abarca. Sin embargo, también existe un fallo en contra del sargento segundo Hugo Humberto García y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otañez, ambos en calidad de implicados.


Muchísimas trabas en el camino

Como casi no sucede en México, la mujer denunció lo que había sucedido ante las correspondientes instancias judiciales mexicanas y, cosa muy muy rara, no obtuvo respuesta. Ella misma refiere ante los medios que nadie le creyó.

Es por esto que decidió llevar su caso ante instancias internacionales y llegó así al Sistema Interamericano de Justicia.

Es hasta 8 años después, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CoIDH- emitió una sentencia en contra del Estado mexicano. Ordenó a las autoridades castigar a los responsables en contra de Valentina, ofrecer una disculpa pública y la reparación integral del daño en contra de la víctima.

El Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, colectivo civil que asumió la defensa de Valentina Rosendo, se refirió a la sentencia como histórica, ya que por primera vez se le da el valor al testimonio de la víctima como un elemento sustancial para emitir la sentencia condenatoria contra los militares involucrados.

Aún no es el final

En conferencia de prensa, abogados y acompañantes explicaron que como se trata de una sentencia en primera instancia, los inculpados todavía pueden apelar -como ya lo hizo uno de ellos-, por lo que llamaron a estar atentos del desarrollo del caso pues las pruebas que se tienen, así como los testimonios, “son contundentes”.

Se afirmó que se trata de un avance en el cumplimiento de las sentencias.

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