Por desgracia los casos de negligencia médica en nuestro país no sólo dejan una sombra de impotencia y dolor para los familiares de quien la sufre. Cuando éstos buscan saber realmente qué pasó con su paciente, se descubre la irregularidad de nuestros servicios médicos, la discriminación que sufren comunidades y, además, la indiferencia del sistema de justicia.
Son muchos los casos de mala atención en hospitales –ya sea públicos y privados-, pero por la insistencia con que se ha buscado que su muerte no quede impune, destaca el caso de Susana Hernández, una joven tzotzil que el 4 de octubre de 2013 ingresó al Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con 39 semanas de embarazo. Lo que sería la llegada de un nuevo miembro a la familia, acabó de forma lamentable.
Desde el inició todo fue de mal en peor: tras darse cuenta que el bebé venía en mala posición, el doctor que hasta entonces la había atendido la mandó al hospital, pero ahí Susana tardó 36 horas en ser atendida, con todo y que su caso era de emergencia. Al ingresarla, el personal del hospital no revisó el expediente médico que les entregó la familia, en el cual se remarcaban las 39 semanas de embarazo; en lugar de eso le calcularon 34 semanas y la diagnosticaron como parto prematuro. Además de la falta de atención –no había personal, además de que el laboratorio estaba cerrado, señala Romeo Pérez, esposo de Susana- la familia fue víctima de malos tratos, ya que no se permitió que su suegra la acompañara, debido a que no hablaba español. “Me regañaron”, comenta la señora.
Tras tenerla esperando en una camilla y desnuda, para “demorar el parto” –y luego de realizarle los estudios que comprobaron las 39 semanas de embarazo- Susana fue intervenida de urgencia… no sin antes aguardar seis horas más su intervención, debido a que se atendía a un paciente en estado más delicado que el de ella. Cuando por entró al quirófano –el 5 de octubre a las 11 de la noche-, además de una cesárea, se le realizó la salpingoclasia y se le extrajo la vesícula, estas dos últimas intervenciones sin autorización de sus familiares: “llegaron al grado de asegurar que Susana autorizó las operaciones con su huella digital, cuando ella sabía leer y escribir perfectamente”, cuenta Romeo. Con todo, a las 5 de la mañana del domingo 6 de octubre los doctores informaron que la bebé había nacido sana y que Susana sólo estaba un poco delicada.
Con la alegría del nacimiento de su hija, seis horas más tarde que Romeo se enteró de lo que pasó con su esposa: “nos dirigieron al quirófano donde la habían operado. Ahí el doctor nos leyó un documento: ‘bebé nació bien, niña sana, pero desgraciadamente su esposa falleció porque no aguantó las operaciones’. ¿Cuáles operaciones? ¿Por qué le quitaron la vesícula, por qué le ligaron las trompas, por qué tenían qué hacer todo eso?” Ante los cuestionamientos, el doctor sólo se limitó a responder: “No somos dioses para hacer milagros”. Por si fuera poco, no se les entregó el acta de defunción de Susana, ni el certificado de nacimiento de la bebé.
Lo que pasó con Susana Hernández sólo es una muestra de la mala atención que impera en muchos de los hospitales del país, de la que el mismo personal se percata y denuncia. María de Lourdes es enfermera del hospital en que se atendió a Susana y así resume lo sucedido: “El caso de Susana es de una paciente que fue mal valorada y, por lo tanto, mal atendida”.
Sin embargo a la mala práctica médica se puede sumar toda una lista de irregularidades y carencias: el hospital –que atiende a pacientes de 18 municipios- no está certificado por la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sólo cuenta con ocho camas y una enfermera por turno, el sistema de luz y drenaje no funciona, hay goteras en los quirófanos, no hay unidad de cuidados intensivos… en fin, problemas que parece que no tendrán solución en mucho tiempo: “La supervisora nos dice que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con lo que hay; por eso tenemos miedo, porque si se nos muere un paciente nosotras somos las primeras responsabilizadas (…) Si me quedo callada y no denuncio lo que pasa, me voy a la cárcel o se me cae el hospital encima”, señala la enfermera.
Por su parte, la familia de Susana ha hecho lo posible porque su muerte no quede impune y exigen sanciones a los responsables, una disculpa pública y la reparación del daño moral causado. Además –quizá lo más importante- solicitan que la comunidad cuente con un hospital público que cuente con un servicio digno, capaz y sensible.
“La muerte de Susana no puede quedar impune. Ninguna mujer debería sufrir lo que ella padeció y lo que su familia ahora encara. Es urgente la reparación integral por las violaciones a derechos humanos sufridas y que el Hospital de la Mujer de San Cristóbal sea un lugar seguro para las mujeres” solicita el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), al que podemos ayudar firmando la petición que realizan a las autoridades. “La imagen paradisiaca del estado que aparece en las campañas del gobierno sólo es accesible para unos pocos. El slogan “¡Vive Chiapas!” le aplica a unos pocos. Para muchas chiapanecas “¡Chiapas, adrenalina de vivir!” —otro de los slogan turísticos del gobierno— significa sortearse la vida en el embarazo, parto y puerperio”.
El seguimiento de este caso se debe en gran medida a la experiencia que Manuel Hernández Gómez, padre de Susana, tiene como dirigente y funcionario público de su comunidad, además del asesoramiento que la familia recibe por parte del GIRE: “Justicia por la muerte de mi hija Susana, castigo a los responsables Sólo porque nadie habla, como somos indígenas todos tenemos miedo nadie tiene el valor civil de hablar, porque ahí se muere mucha gente”, reclama don Manuel; “que no vuelva a pasarle a otras personas lo que nos pasó a nosotros”, pide el esposo de Susana.
