¿Una ayudadita? Revelan que la Unidad de Inteligencia Financiera de EPN “le echó la mano” a Javidú

Siguen las revelaciones sobre el caso de Javidú. Después de que el propio exgobernador de Veracruz afirmara que su detención fue pactada en contexto de las elecciones del Estado de México —2017—, medios de comunicación han reportado que Javier Duarte se ofreció para dar pruebas a la FGR (Fiscalía General de la República) en contra de EPN.  ¿Y luego? Antes de que esto sea confirmado por las autoridades, trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le dio una ayudadita a Duarte —sólo tres meses antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Reforma, en agosto de 2018, Mauricio Moreno Balbuena, entonces jefe de la UIF, pidió a la ya desaparecida PGR (Procuraduría General de la República) quitarle a Javier Duarte el señalamiento por el delito de delincuencia organizada.

Luego, Arturo Elías Belntrán, entonces encargado de despacho de la Procuraduría, dio a conocer que el cargo contra Javudú había sido reclasificado por el de asociación delictuosa  —delito por el que no es necesario aplicar la prisión preventiva oficiosa.

¿La UIF ayudó a Duarte?

En agosto de 2018, la noticia de la reclasificación de los delitos por los que fue acusado Duarte causó ruido en medios de comunicación. ¿Por qué? Se supone que la delincuencia organizada se llega a castigar con una pena de entre 20 y 40 años de prisión y para la asociación delictuosa la condena va entre los 5 y 20 años —cosa que aplicó para suerte de Javidú.

Sin embargo, en realidad no se trató de suerte. De acuerdo con Reforma, la PGR hizo cambios en la acusación en contra del exgobernador de Veracruz mediante el alegato que presentó el entonces titular de la UIF, Mauricio Moreno —los detalles están en el oficio 110/E/989/2018.

En esta trama, Moreno pidió este beneficio para Javidú a pesar de que la propia UIF fue señalada como víctima “de desfalco” del exfuncionario. Entonces, ¿por qué la UIF dio este giro? En materia jurídica, Moreno Balbuena argumentó de que se debía llevar a cabo la reclasificación para que no hubiera un error en las acusaciones y, por ende, el caso “no se cayera”.

Según la UIF, Duarte no pertenecía a la delincuencia organizada —por aquello de que el priista no contaba con el armado o estructura para hacerlo. Por lo tanto, para evitar que Javidú tomara ventaja de la acusación —en el caso de que NO se demostrara el delito de delincuencia organizada—, la UIF recomendó a la PGR hacer este movimiento.

Finalmente, en septiembre de 2018 un juez de Control dictó una condena de nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero en contra de Duarte.

Sin embargo, la historia continúa. Javier Duarte podría solicitar su libertad bajo supervisión cuando logre cumplir la mitad de su condena —según lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal. Mientras eso sucede, desde el Reclusorio Norte el exgobernador continúa haciendo ruido sobre los presuntos lazos con la anterior administración.

**Foto de portada: Cuartoscuro.