¿Ya se va? ¿Le esperan unos apapachos en Londres? ¿Le ganó la partida a la FGR? ¿Le pusieron ‘Las Golondrinas’ en el penal? La verdad es que no tanto… nomás es un enredo legal. Este lunes, 4 de noviembre, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte obtuvo un amparo para invalidar su vinculación a proceso por el delito de peculado y aquí te contamos lo que esto significa.
Si traes prisa y solo quieres leer unas líneas, quédate con esto: Javier Duarte seguirá en el Reclusorio Norte de la CDMX.
¿Delito de peculado?
El delito de peculado es —en palabras simples— la malversación de fondos públicos.
Javier Duarte está acusado de peculado por una cantidad de 220 millones de pesos relacionado con malos manejos de unos proyectos de infraestructura agrícola y de agua potable que organizaba la Comisión del Agua en el lejano 2014.
El amparo
En mayo de 2018 un juez de control lo vinculó a proceso por delito de peculado y le dictó prisión preventiva. El amparo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado este lunes, 4 de noviembre, invalida aquella decisión.
Esto quiere decir que el juez tiene que volver a analizar el delito.
Así es: tienen que echarse otra audiencia, donde analicen las pruebas presentadas y los testimonios que se escucharon originalmente. Hagan de cuenta que nunca lo juzgaron por el delito de peculado. O sea, tienen que checar nuevamente el caso que tiene la FGR contra Javidú.
¿Y ahora?
Suena grave, ¿no? Pues no mucho. En la nueva audiencia es muy posible que se determine lo que originalmente habían señalado: que vinculen a proceso a Javier Duarte por el mismo delito de peculado y le vuelvan a poner una prisión preventiva. También existe la posibilidad de que no lo vinculen y ahí sí agárrense…
¿Y por qué no sale? Ahí está el detalle: a pesar de conseguir el amparo, hay que recordar que el peculado es solo es contra uno de los delitos que se le imputan.
En septiembre del año pasado sentenciaron a Javier Duarte por el delito de lavado de dinero y de asociación delictuosa. En aquella ocasión, le echaron nueve años de prisión y una multa —risible, por cierto— de 58 mil pesos.
