Mientras los países gastan millones en ver que los trabajadores migrantes no traspasen sus muros, invierten otro tanto en atraer a las grandes compañías extranjeras. Por su puesto, contar con inversión de otras latitudes no es malo si se maneja adecuadamente, pero se trata de un juego complicado que puede salirse de las manos de los gobiernos con mucha facilidad.
El principal riesgo que implica la entrada de una trasnacional a un país lleva por nombre “arbitraje de diferencias estado-inversor” (ISDS, por sus siglas en inglés). No te preocupes, puede sonar rebuscado pero se trata de algo muy sencillo de comprender.
Prácticamente, los ISDS son tratados que permiten a una empresa trasnacional demandar a los gobiernos de los países cuando las decisiones de éstos van en contra de sus intereses comerciales.
Desde los años 60, los ISDS se han firmado entre diversos países para garantizar que las empresas que vengan de uno de ellos contarán con la certeza de que no serán obstaculizadas por las decisiones de los gobernantes o los legisladores del otro. El marco en el que entran en vigor los ISDS suelen ser los acuerdos y tratados comerciales que diversos grupos de gobiernos firman para atraer la inversión.
¿Por qué se acuerdan los ISDS?
Los ISDS tienen tanto defensores como detractores. Por un lado, representan (o deberían representar) un espacio en el que se puedan discutir de manera imparcial los conflictos entre gobiernos y empresas extranjeras en donde éstas cuenten con más herramientas para defenderse que la leyes del país. En efecto, ¿qué recursos podrían respaldarla si sólo pudiera valerse de las mismas reglas que la están perjudicando?
Que las empresas cuenten con un respaldo de esta clase es algo que muchos consideran importante para atraer la inversión, fomentar el intercambio comercial y con ello hacer crecer la economía de un país, lo que al final se traduce (o debería traducirse) en mejores condiciones para sus habitantes.
Por otra parte, sin embargo, los ISDS también pueden volverse un dolor de cabeza para los gobiernos huéspedes y, siguiendo la misma cadena, para los ciudadanos. ¿Cómo?
Lo malo de los ISDS
Los ISDS sólo protegen las inversiones de una empresa si el país del que ésta proviene ha acordado su uso con el que la recibe, es de decir, aunque el acuerdo defienda empresas, debe ser acordado y aceptado por gobiernos.
Normalmente, estos acuerdos se realizan en el marco de tratados comerciales, y entre los firmantes de estos tratados suele haber un gobierno más desesperado por establecer un pacto que el otro. Estas situación suele determinar los términos del acuerdo y, en consecuencia, también los lados a los que se inclina la balanza.
Sumado a ello, se cuentan los casos en los que dos empresas de la misma clase se encuentran en situaciones desiguales cuando una extranjera está protegida por los ISDS y la otra, nacional, sólo está regida por las normas locales.
Cuando Australia aprobó una ley en 2011 que prohibía a las tabacaleras poner sus logos en las cajetillas de cigarros, empresas como Philip Morris hicieron una demanda con base en los ISDS que las protegían para evitar los efectos no convenientes a nivel comercial de las nuevas medidas sanitarias.
Juicios caros y poco transparentes.
En lugar de ser resueltos por cortes internaciones, los casos de conflicto que surgen entre gobiernos y empresas son juzgados en paneles de tres árbitros, seleccionados por el demandante y el demandado de entre una corta lista de abogados especializados en el tema. Las decisiones se basan más en lo estipulado en los tratados internacionales que en las leyes locales. El problema con estos procesos es su tardanza en ser resueltos, lo costosos que resultan y la falta de regulación imparcial.
Sólo un 40% de todos los casos emprendidos han sido ganados por los gobiernos. Si la empresa gana, recibe una compensación que sale del gasto gubernamental, es decir, del presupuesto nacional, o en otras palabras, de los impuestos de los ciudadanos. Por otro lado, si el gobierno gana, no necesariamente recibe compensación y, además, debe pagar los gastos del juicio que en promedio ascienden a unos 4.5 millones de dólares.
Ejemplos que alarman
Cuando el gobierno alemán fue demando por pérdida de ganancias por la compañía sueca Vattenfall, ésta recibió un indemnización por los ISDS que la respaldaban. Vanttefall estaba aliada con E.ON, una empresa alemana que, por su parte, no fue indemnizada por no ser extranjera y, en consecuencia, no gozar de los beneficios de los ISDS.
El Salvador ha estado luchando por ganar una demanda que una compañía minera canadiense interpuso cuando el gobierno suspendió sus acciones por los efectos de las acciones de la compañía en el agua potable. La firma reclama entre 301 y 250 millones de dólares, el supuesto equivalente a lo que habría ganado de continuar con sus operaciones. Este monto representa nada menos que el 5% del presupuesto anual del gobierno de El Salvador.
En 2012, Ecuador pagó 2 mil 300 millones de dólares a Occidental, una compañía petrolera de Estados Unidos que violara un acuerdo con el gobierno. Ecuador suspendió el contrato tras la violación y los abogados de Occidental argumentaron que ello equivalía a una expropiación, cuyos efectos están previstos en todo ISDS.
Eslovaquia pagó el equivalente a todo su presupuesto de Salud a la holandesa Achmea, una aseguradora que fue suspendida cuando el gobierno decidió recobrar el control sobre la salud pública por problemas de inequidad social que los seguros privados suponían.
El gobierno egipcio espera el resultado de un proceso emprendido por la empresa Veolia, que denunció por supuestas pérdidas tras el aumento en el salario mínimo.
El Tratado Transpacífico, que sería uno de los más amplios del mundo, podría abrir las puertas a las trasnacionales para ejercer acciones más allá de las legislaciones locales.
¿Cómo evitar el uso de los ISDS?
Es por demandas de esta clase que los opositores de los ISDS piensan que los estados que establecen acuerdos también podrían temer a los efectos de enfrentar los efectos negativos que podrían acarrear para los ciudadanos.
Los juicios a puerta cerrada sin sede oficial entre las partes son otra buena razón para pensarlo dos veces antes de apoyar los ISDS.
Por supuesto, la inversión extranjera no implica la necesidad del arbitraje de diferencias estado-inversor. Cuando un país tiene una estructura económica sólida, fruto de un uso inteligente de la deuda externa y de leyes tan eficientes como transparentes, se convierte en un buen lugar para invertir y puede poner sus propias condiciones, sin necesidad de establecer un ISDS.
Sin embargo, aunque las empresas de ventas estén interesadas en colocar su productos en países con economías desarrolladas, otras buscan obtener sus materias primas en países de bajo crecimiento, donde salen más baratas y hay mayor disposición gubernamental a establecer ISDS más convenientes para ellas. La protesta es, en estas latitudes, la mejor opción.
Una comisión de la Unión Europea demostró que de 150 mil personas encuestadas, 97% estaba en contra de la propuesta de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), un tratado que podría llegar a establecerse entre la eurozona y Estados Unidos.
Ante estos resultados, la titular del órgano de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom, ha mostrado rigor para limitar los alcances de los ISDS que entrarán en vigor con el tratado, buscando recobrar el control para los gobiernos. Ella espera que las nuevas condiciones sienten un precedente para el establecimiento de los ISDS en el futuro.
Entre tanto, lo que surgió en los albores de los 60 como un gesto diplomático entre países, es hoy una de las peores amenazas a las democracias y el desarrollo.
