Los mexicanos incluidos en la lista Falciani son dos mil 642, la filtración que data del 2007 incluye los nombres de empresarios, famosos y líderes de organizaciones criminales que recibieron ayuda de HSBC para ocultar sus millones de la vista de las autoridades fiscales y evitar el pago de impuestos.
Por supuesto la pregunta era dónde estaba la respuesta de Hacienda al respecto. Como siempre, las autoridades mexicanas se tomaron su tiempo para dar respuesta al escándalo internacional. Ya ven que como país no brillamos mucho con la presteza al solucionar problemas.
Mientras otras naciones ya se encuentran investigando las filtraciones desde hace años, por acá apenas reaccionaron, pero eso sí, los resultados de los análisis de las cuentas y las posibles violaciones a la ley que nuestros paisanos hubieran podido cometer estarán listos dentro de dos… años. Lo bueno es que no pierden el tiempo.
Y es que en el SAT quieren ser de lo más observadores al verificar si los números de las cuentas, también conocidas como #SwissLeaks, que datan de entre el 2006 y 2007, siguen tan irregulares como entonces, al menos en el caso de los empresarios mexicanos.
Y es que las autoridades fiscales manejan e asunto como si entre esos nombres todos fuesen más o menos desconocidos. Si tanto tiempo tomará procesar esa información, quizá deberían comenzar por los 10 nombres más escandalosos: Carlos Hank Rohn, Jaime Camil Carza, Luis Téllez Kuenzler, Guillermo Prieto Treviño, Alfredo Elías Ayub, Eugenio Ebrard, Moisés El Mann Arazi, Armando Madrazo Pintado, etc.
Tener cuentas en el extranjero no es necesariamente ilegal, explicó Aristóteles Núñez, jefe del SAT, en entrevista para Radio Fórmula, por lo que no pueden iniciar acciones en contra de cada uno., una medida entendible. Lo que ciertamente es exasperante es el tiempo que tomará la investigación. El funcionario justificó la tardanza explicando que será necesaria la cooperación de las autoridades Suizas.
Así que ya lo ven, la justicia en México es bastante oportuna. Quizá deberían considerar intervenir las comunicaciones de los empresarios sospechosos de lavado de dinero. Se supone que para eso se formularon los artículos de la #LeyTelecom que prevén el espionaje masivo y la posibilidad de que las autoridades fiscales tengan acceso a los metadatos de los usuarios de la red, ¿no? O bien, sin esa posibilidad las investigaciones tomaría dos siglos, o bien, descubrieron que tal ley no era tan útil para esta clase de casos.
Como sea, lo cierto es que nuestro país está en pañales cuando de investigaciones fiscales se trata, lo que es verdaderamente preocupante. El dinero sucio es el motor del crimen organizado y combatirlo desde el frente fiscal es tanto o más importante que sólo concentrarse en combatir sus síntomas en las calles.
