Este es el resultado de una investigación que ya lleva tiempo en Estados Unidos —acá nos enteramos en 2018 que las autoridades del gabacho estaban tras una red de sobornos que operó durante los gobiernos de EPN y Felipe Calderón. Apenas arrancó agosto y la Comisión Bancaria y de Valores de EUA dio a conocer el hallazgo de operaciones ilegales y la sanción a la empresa World Acceptance Corporation por repartir moches entre funcionarios del gobierno mexicano.
De acuerdo con la investigación hecha por la Comisión Bancaria y de Valores (SEC), la World Acceptance Corporation pagó a través de su filial en México —WAC S.A de C.V— dinero a distintos funcionarios durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para ser favorecida.
⚡️EXTRA! Compañía de EUA pagó 4 millones de dólares en sobornos a funcionarios en México, entre 2010 y 2017, para facilitar negocios de préstamo y cobranza a empleados de gobhttps://t.co/3c4KhVJQpO | SEC Charges Consumer Loan Company With FCPA Violations https://t.co/CWFCZlBp6i
— Ariel Moutsatsos (@arielmou) August 10, 2020
Por esta investigación, la World Acceptance Corporation ya fue sancionada y tendrá que pagar 21.7 millones de dólares. Sin embargo, hay un pendiente: conocer los nombres y cargos de los funcionarios que recibieron los moches.
Red de sobornos durante los gobiernos de EPN y Felipe Calderón
Se supone que la World Acceptance Corporation —compañía que se dedica a prestar dinero a empleados de gobierno— tendrá que pagar 21.7 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés).
“La orden de la SEC determina que desde al menos diciembre de 2010 hasta junio de 2017, la exsubsidiaria mexicana de World Acceptance Corporation, WAC de México SA de CV, pagó más de cuatro millones de sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y funcionarios sindicales para asegurar la capacidad de otorgar préstamos a empleados del gobierno y asegurarse de que esos préstamos se pagaran de manera oportuna”, se lee en el comunicado de la SEC publicado el 6 de agosto pasado.
Es decir, la red de sobornos operó entre 2010 y 2017 —alcanzando tanto a funcionarios como a líderes sindicales para que la World Acceptance Corporation pudiera apañarse el negocio de los préstamos al personal del gobierno.
“Haiga sido como haiga sido”, la WAC México —filial de la World Acceptance Corporation— pagó los sobornos ya sea depositando dinero en cuentas vinculadas a los funcionarios o contratando a intermediarios para distribuir la lana en efectivo.
Un poco para cubrir este delito, la empresa registró los sobornos —más de cuatro millones de dólares— como gastos comerciales legítimos durante casi una década.
Una investigación que lleva ya un rato
En 2018 el reportero Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que la SEC estaba tras de los pasos de esta red de corrupción.
En aquel momento la propia compañía ya tenía una investigación interna para saber cómo operaba esta red y cooperar con las autoridades de Estados Unidos.
Se sabía que la WAC tenía convenios con los gobiernos federal y estatales para poder ofrecer sus servicios entre los empleados del gobierno.
La WAC ofrecía préstamos de hasta 200 mil pesos a un costo anual promedio (CAT) de 123% sin IVA (Impuesto al Valor Agregado) “con plazos de 24 a 120 meses”.
Y básicamente el rollo aquí es que para poder tener una mejor cobertura y apañarse el negocio, la WAC pagó más cuatro millones de dólares a los funcionarios mexicanos de aquel entonces.
SEC charges consumer loan company with FCPA violations https://t.co/Sqomw8ifHh
— SEC_News (@SEC_News) August 6, 2020
De acuerdo con la información de MCCI, la operación de la WAC en México comenzó en Coahuila —cuando Rubén Moreira era gober— en 2010 y de ahí se extendió a otros estados mediante convenios con los gobiernos.
Ya revelada esta red, la WAC comenzó una limpia dentro de la empresa, rediseñó el sistema de comisiones y renovó el código de conducta y ética.
Ahora que le cayó la voladora, la World Acceptance Corporation tendrá que pagar 21.7 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero —mientras queda pendiente saber los nombres de los exfuncionarios que le abrieron cancha para operar mediante sobornos entre 2010 y 2017, durante los gobiernos de EPN y Felipe Calderón.
