Al pedir un Libre Internet para Todos, queremos que en la ley reglamentaria a la Reforma en Telecomunicaciones se incluyan medidas para que en México se garantice verdadera competencia y se mejoren los precios y servicios.
Queremos que en un futuro cercano todos los mexicanos estén conectados. De igual manera necesitamos que a la hora de que la ley sea aprobada, ésta deba garantizar a los mexicanos que no violará su libertad de expresión.
Todos hemos escuchado, leído o visto a través de las redes sociales o los medios de comunicación, como se han presentado casos de periodistas, tuiteros, blogueros y ciudadanos que denuncian actos de corrupción y se convierten en presas de persecución.
Hace poco, la organización Artículo 19 denunció que en las redes sociales circula una encuesta con acusaciones personales al trabajo profesional de Denise Dresser y señala que resulta preocupante que se ha obtenido información personal y estrictamente privada de la columnista.
En la propuesta de telecomunicaciones de Peña, propone que los concesionarios estén obligados a brindar información al gobierno para iniciar la localización geográfica de cualquier dispositivo, así como para intervenir en comunicaciones privadas a cargo de la autoridad.
Si un periodista publica un reportaje sobre funcionarios corruptos en su blog podrá ser localizado fácilmente por la autoridad; peor aún, si un ciudadano hace una denuncia a través de cualquiera de las redes sociales desde su computadora o celular, el gobierno podría intervenir su cuenta.
¿Dónde queda la libertad de expresarnos sin temor a represalias? ¿Internet será una presa más de la censura y el espionaje?
Ya quedan 7 días para que la iniciativa de Peña se apruebe o no; 7 días para que los legisladores tomen en cuenta la propuesta ciudadana de este colectivo; 7 días para que los ciudadanos seamos el centro de esta ley.
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