Por Diego Castañeda
El Ingreso Básico Universal (IBU) o Renta Básica o cualquiera de sus otros nombres ha tenido más discusión en algunos países desarrollados que en los países en desarrollo; no obstante, en México ha comenzado a discutirse e incluso ha llegado a las campañas electorales, por esa razón es tiempo de hablar un poco del tema, sus posibles costos, los resultados de los experimentos en otras partes del mundo y si para México es viable o no.
La historia del IBU es muy larga, con décadas de debate y para aquellos interesados en ella es recomendable leer el libro Ingreso básico de Phillppe Van Parijs o un pequeño libro de John Scott publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado que se llama Las posibilidades de un sistema de renta básica en México.
En esencia, la renta o ingreso básico es una transferencia no condicionada de dinero fijada a cierto nivel de ingreso; por ejemplo, algún múltiplo de la línea de bienestar, que tiene como propósito garantizar un piso de ingreso a las personas de modo que puedan participar en las actividades normales de su sociedad, como sería garantizar el suficiente ingreso para cubrir los gastos básicos.
En algunos países como Finlandia, Irán y Canadá, entre otros, se han hecho experimentos con resultados heterogéneos. Por ejemplo, en Irán lo que hicieron fue eliminar los subsidios a gasolinas y en su lugar ese dinero repartirlo entre la gente en una especie de IBU, como resultados positivos se observó que no se crearon incentivos negativos a trabajar (una de las grandes preocupaciones de los críticos del IBU); por otro lado, en Finlandia recientemente encontraron el resultado contrario, aumentando el desempleo. La lección de los resultados de estos experimentos es que el contexto importa, lo que funciona en un país no necesariamente funciona en otro, las condiciones del mercado laboral, de la pobreza, informalidad, etcétera, de la economía cambian los resultados. En el caso mexicano, Oxfam sugiere que en México se realicen experimentos para evaluar la pertinencia o no de la medida, que sería lo correcto antes de pensar en implementar algo tan costoso.
Dejando estos ejemplos atrás, es importante que hagamos cuentas y discutamos posibles efectos en México. De acuerdo con cálculos del doctor John Scott del CIDE en su publicación con el Instituto Belisario Domínguez, dependiendo de cómo definamos la transferencia, el costo puede rondar de 0.37 por ciento puntos del PIB hasta 8.76; es decir, desde asequible hasta imposible de financiar hoy en día.
Si pensamos en una transferencia focalizada (y por tanto que ya no es universal) individual para cerrar la brecha de pobreza, hablamos de 0.37 puntos de PIB, si focalizamos específico al nivel de la línea de bienestar mínimo (la canasta alimentaria) sería 1.21 puntos de PIB, si focalizamos a los mismos que reciben hoy programas sociales sería de 4.1 puntos del PIB y si fuera universal al nivel de cubrir la línea de bienestar mínimo, menos de 2000 pesos mensuales, serían 8.76 puntos del PIB.
Si nuestro objetivo es que de verdad logremos acabar con la pobreza, la transferencia tendría que ser algo más parecido al último caso, 8.76 puntos del PIB hoy en día son inviables, representan algo así como el 36 por ciento de todo el gasto federal. Para hacerlo viable es necesaria una reforma fiscal progresiva. De acuerdo al libro de Scott, una forma de hacerlo podría ser a través de un incremento del IVA o del ISR, dependiendo de cuál de las dos se elijan se tendrían diferencias en la progresividad de la transferencia.
¿Esto significa que es una mala idea?
No, de hecho es una buena idea que merece ser mucho más discutida, pero para eso se requieren datos, por eso la necesidad de experimentar antes de implementar. Lo que sí significa, en mi interpretación de la realidad fiscal del país, es que no es una medida para un país del nivel de desarrollo de México. El IBU en sus orígenes filosóficos parte de la idea de garantizar libertades positivas y negativas (libre para hacer X, libre de no sufrir X), pero para que eso sea realidad es necesario que ya se cuente con un piso mínimo de nivel de vida.
El costo de oportunidad de un gasto de recursos de esa magnitud es enorme, con una fracción de esos recursos (2 o 3 puntos de PIB) se podría construir un sistema de salud universal, eso tendría más impacto en igualdad de oportunidades y de resultados que un IBU. La secuencia importa y es algo que en general se reconoce. La OECD en uno de sus reportes sobre la pertinencia del IBU en distintas sociedades, expresamente lo recomienda para países ricos que tienen la capacidad fiscal para implementarlo y que ya tienen las necesidades básicas cubiertas. Para países en desarrollo, como nosotros, es necesario establecer prioridades y ésas pasan más por un sistema de salud y educativo que den cobertura de calidad a todos.
Hay que discutir más medidas como el ingreso básico y hay que hacer experimentos, querer hacerlo política pública sin datos es irresponsable y flaco favor le hace a una idea que sí vale la pena pensar.
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Diego Castañeda es economista por la University of London.
Twitter: @diegocastaneda
