Ya pasó la Consulta Popular y a lo lejos —o no tan lejos— se ve otro posible proceso de participación ciudadana: la consulta sobre la revocación de mandato de AMLO. En medio del trabajo en el Congreso de la Unión para dejar la puesta mesa a la ciudadanía y las noticias falsas, el INE salió a aclarar un punto bien importante sobre los costos.
En su cuenta de Twitter, el consejero presidente Lorenzo Córdova explicó que la consulta sobre la revocación de mandato no costará lo mismo que organizar una elección federal, por ejemplo.
¿Revocación de mandato? INE aclara que no costaría 9 mmdp
“Se ha estado difundiendo información sobre el costo de un eventual proceso de Revocación de Mandato, afirmándose que éste rondaría los 9 mil millones de pesos. Eso es incorrecto”.
Como en todos los temas que causan interés, a la posible consulta de revocación de mandato ya le cayó buen ruido, sobre todo en el aspecto del dinero.
De acuerdo con Lorenzo Córdova, ha estado rondando que el costo aproximado sería de nueve mil millones de pesos. Pero esto es falso.
Este costo más bien corresponde a una elección federal y como la consulta de revocación de mandato es un proceso distinto, los costos serían “significativamente” menores.
Y es más, apenas el Instituto Nacional Electoral está viendo qué aplica para el presupuesto 2022.
“El INE se encuentra configurando su anteproyecto de presupuesto para 2022, analizando entre otras cosas los costos de una eventual revocación de mandato, para lo cual sería muy conveniente contar con una ley secundaria que hasta la fecha el Congreso no ha aprobado”.
Mientras el Congreso —Cámara de Diputados y Senadores— se pone las pilas para aprobar una ley secundaria de la Ley Federal de Consulta Popular, el INE ya afina su propuesta de presupuesto, tomando en cuenta una eventual consulta sobre revocación de mandato.
El hilo tuitero de Lorenzo Córdova llegó después de que medios lo citaran explicando —durante el foro ‘Análisis y Reflexiones de la elección 2021’, a finales de junio— que este proceso sería similar a una elección federal, “pero al revés”, mencionando que el costo de las elecciones del 6 de junio fue de nueve mil millones de pesos
¿Qué tiene que ver el Congreso Federal?
Pues… mucho. Apenas en mayo los cambios o la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular fueron publicados en el DOF (Diario Oficial de la Federación) y aún falta chamba por hacer para que quede al tiro el proceso de consulta de revocación de mandato —aspectos como la difusión, propaganda y hasta impugnación.
Sin embargo, la base para realizar esta nueva consulta ya está —de hecho, el mismo AMLO ha dado a entender que es cosa de nada, que sólo tiene que pasar una ley secundaria por el Congreso, aunque ha tardado un rato.
La consulta
Por lo pronto, lo que tenemos es que para hacer una consulta de revocación de mandato —que sólo se puede pedir una vez, a partir de la conclusión del tercer año del sexenio del presidente, gobernadores o gobernadoras— es lo siguiente:
La gente interesada debe aplicarse y comenzar a recolectar firmas a partir de noviembre —y con fecha límite de entrega al 15 de diciembre de 2021.
Las firmas deberán representar el 3% del padrón del INE —que está integrado por 93 millones 528 mil 473 personas en total.
Este porcentaje equivale a más de dos millones de personas, en al menos 17 estados, donde también se debe alcanzar el 3% de las listas nominales.
INE estima que la participación ciudadana en la Consulta Popular fue del 7%; ganó el ‘SÍ’
¿Y luego? Ahora sí, esta solicitud —ya con las firmas recolectadas— se podrá ingresar entre los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022.
Si todo sale bien —si las firmas son suficientes—, la consulta se podría realizar en marzo de 2022. Y ojo aquí, al igual que la primera Consulta Popular, no deberá caer en un día de elección (votación) federal o local.
Aquí viene el final: una vez hecha esta consulta, el INE se encargará de contar los resultados y para el proceso tenga validez, es necesario que el 40% del padrón haya votado, si no, no.
En caso de un que la mayoría vote por la revocación, el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) hará la declaratoria y atenderá las impugnaciones.
Si el presidente es destituido, la Presidencia del Congreso asumiría el poder de manera interina y tendría casi un mes para nombrar a un nuevo presidente o presidenta, cuya gestión terminará el 30 de septiembre de 2024.