Conforme han pasado los días, la estela de polvo emanada de entre los escombros se ha ido disipando. El sismo del pasado 19 de septiembre hizo evidentes las distintas irregularidades, permisos chuecos —o falta de los mismos— y otros incumplimientos y omisiones por parte de las autoridades. Hay casos emblemáticos y más mediáticos, como el del Colegio Rébsamen en la delegación Tlalpan, en el que todos los involucrados se han echado la pelotita por la tragedia que cobró la vida de 19 niños y siete adultos. También existe el ejemplo del Residencial San José, en Benito Juárez: una construcción —”diseñada con lo último en tecnología“— que se desgajó nueve meses después de su inauguración y en el que murieron dos personas. Acá se repitió el mismo caso. Los involucrados se han lavado las manos.
De acuerdo con un reportaje realizado por La Silla Rota, Simón Neumann y Fausto Galván, dos funcionarios cercanos a Mancera en temas de desarrollo de vivienda, urbanización y desarrollo de la capital, vendieron un edificio de departamentos, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, que se destartaló en cuatro años; sus habitantes tuvieron que ser desalojados. Los fenómenos son naturales pero los desastres que dejan a su paso, no.
El pasado 24 de septiembre, Miguel Ángel Mancera indicó que su administración solicitaría el apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para obligar a las inmobiliarias a cubrir la reparación y seguros. “Hasta ahora los que tenemos colapsados, los que tenemos con derrumbe, digamos que la gran mayoría son inmuebles que corresponden a épocas anteriores al 85, pero se está detallando a fin de poder detectar o encontrar algunos que pudieran ser de construcciones recientes”, señaló el Jefe de Gobierno de la CDMX. Días después, Mancera informó que la Procuraduría General de Justicia ha abierto 40 carpetas de investigación por 38 inmuebles que colapsaron tras el sismo.
Casos en los que las autoridades no actuaron a pesar de las denuncias hay para echar pa’ arriba. Ahí tienen el ejemplo del edificio ubicado en la calle Rébasmen 241, en la colonia Narvarte. Las irregularidades en la construcción fueron denunciadas en mayo de 2014; a pesar de que la construcción presentaba fisuras, “separación de juntas frías en escaleras de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular” y desprendimientos, la respuesta de la delegación Benito Juárez, entonces encabezada por el panista Jorge Romero Herrera, determinó que no “había afectaciones a la estructura” y no estableció el grado de riesgo existente.
El helipuerto en la Hipódromo Condesa
Basta con teclear las palabras “helipuerto” y “Condesa” en un buscador para que aparezcan varias notas que dan fe de la denuncia. En noviembre de 2016, vecinos de la colonia Hipódromo Condesa detectaron —y denunciaron— que durante la noche y los fines de semana se construía un helipuerto de manera clandestina en un edificio ubicado en la calle de Nuevo León, marcado con el número 238. Este no contaba con permiso para ser construido ni para operar. Así como lo leen. Todas las instituciones involucradas no hicieron sino echarse la bolita. El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la delegación Cuauhtémoc, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y hasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En pocas palabras: no estaba claro si el inmueble cumplía con las especificaciones para servir como helipuerto, violaba el uso de suelo y no contaba con permisos para fungir como tal.
Aun así, la construcción siguió. Según los vecinos, sólo se colocaron sellos de clausura en los vidrios, los accesos se dejaron abiertos y las obras continuaron. Tal vez deberían de actualizar los sellos y ponerles la leyenda: “es México, wey, capta”.
Tras el sismo del 19 de septiembre, el inmueble 238 golpeó a los que tenía a los costados —230 y 240—; alrededor de 50 familias tuvieron que ser desalojadas. Uno de los vecinos afectados afirmó al sitio Animal Político que las estructuras de sus edificios no presentan daños estructurales. ¿Entonces por qué fueron evacuados? Pues nada más porque existe el riesgo de que la torre aledaña, la que tiene el helipuerto, y fue construida a hurtadillas, se caiga. Según Zuleyma Huidobro, directora jurídica de la delegación Cuauhtémoc, las obras sí se suspendieron —los colonos exigían que se demoliera lo construido— en enero, luego luego de que se enteraron. “En primera, la obra no está concluida, y nosotros iniciamos los procesos de verificación cuando empezó a verse que ya estaban construyendo”, se excusó la funcionaria después de ser cuestionada sobre la continuación de las actividades.
#NuevoLeon238 construyó dos pisos adicionales; luego le puso helipuerto. Hoy hay 50 familias desalojadas. RT por favor#HelipuertoCondesa pic.twitter.com/zhD5gCXKME
— Mony de Swaan (@Mony_de_Swaan) 27 de septiembre de 2017
Mony de Swann, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y vecino afectado, indicó a Sopitas.com que ninguna autoridad ha buscado a las personas desalojadas. Ni el Gobierno de la Ciudad de México ni la delegación Cuauhtémoc ni Seduvi. Durante los primeros cuatro días, relató de Swann, nadie se apareció por esos lares. Los vecinos se organizaron para traer a distintos peritos. Por un lado, llegó un perito de la UNAM; este les dijo que el edificio 238 estaba a punto de caerse y que, debido a su crecimiento, los inmuebles colindantes estaban en riesgo. Gente del Colegio de Arquitectos secundó la opinión: era necesario evacuar el 230, el 240 y también un edificio ubicado en Quintana Roo 144 —sólo la mitad de las familias de este fueron desalojadas—. El domingo 24 de septiembre un trabajador de Protección Civil llegó al sitio y les dijo lo que ya sabían: las edificaciones aledañas no tenían daño estructural. De acuerdo con de Swann, este trabajador se negó a evaluar el estado del edificio con el helipuerto.
“Los especialistas han dicho que lo único que le falta a ese helipuerto son las luces”, indicó el exfuncionario después de ser cuestionado sobre el avance en la construcción. El número 238 fue clausurado en tres ocasiones, los sellos de clausuara fueron removidos y, adivinan bien, no hay ninguna persona imputada.
¿Qué es lo que sigue?
“La verdad es que esta parte es la más compleja y por eso la ausencia de la autoridad nos lastima más (…) hay gente desplazada, cincuenta familias que están viendo dónde van a vivir, dónde rentan, dónde van a trabajar si trabajaban en su casa”, señaló de Swann. Aunque todavía no existe una organización de vecinos tal cual, se prevé que los afectados emprendan acciones legales en contra del grupo inmobiliario JB y los funcionarios por omisión e ineficiencia y buscarían reparación de daños. El internacionalista y politólogo afirma que estas declaraciones son a título personal y que no habla por los demás colonos.
“Es ahí donde insisto, perdón por mi frase, qué poca madre de la autoridad que no es capaz de auxiliar a ciudadanos después de haber sido ya negligente una vez“, dijo el vecino afectado. La afectación a las cincuenta familias, afirmó Mony de Swaan, es responsabilidad de “un funcionario que no quiso hacer su trabajo”.
