El Consejo Ejecutivo Nacional del PRI habría acordado con Hacienda el desvío de más de 250 millones de pesos, los cuales fueron a dar a campañas electorales del tricolor en Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas. Es lo que revela la declaración ministerial hecha ante la fiscalía de Chihuahua por Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del gobierno de César Duarte.

De acuerdo con una investigación realizada por Reforma, en la declaración de Herrera se asienta que, en 2016, lo mandatarios de las entidades mencionadas (César Duarte, Egidio Torre y Javier Duarte) pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, la triangulación de los recursos federales, siendo Alejandro Gutiérrez el encargado de las transacciones avaladas por la Secretaría de Hacienda, en ese entonces encabezada por Luis Videgaray.

“Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos”, señala el testigo de la declaración ministerial 1701/2017, cuya identidad se clasificó como “reservada” pero que, según fuentes oficiales consultadas por el diario capitalino, corresponde a Herrera.

El entramado corrupto se podría resumir así: con el apoyo del titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, Alberto Isaac Gamboa, se aprobó un convenio de “fortalecimiento financiero” por más de 275 millones, los cuales fueron a parar al gobierno de Chihuahua. Ahí, funcionarios de la administración de Duarte los movieron para simular comprar y después mandar 250 millones (salidos de las arcas de la entidad) al PRI nacional. La corruptela habría sido acordada por el propio César Duarte, como una forma de agradecerle a Beltrones el haberle dado chance de postular a Enrique Serrano a la gubernatura del Estado. “Es decir, ingresó el dinero federal a las arcas del estado y, a fin de cumplir con el PRI Nacional, fue que se desvió 250 millones de pesos, pero de origen estatal, a fin de que no fueran revisados por auditorías federales, quienes vigilan el dinero de origen federal”.

Sin embargo, la rapidez con la que se intentó hacer la transa hizo que los funcionarios dejaran los rastros suficientes para una investigación que ahora tiene al entonces secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; al director de Administración, de Gerardo Villegas, y a Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, bajo proceso. En el caso de Yáñez, fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de peculado.

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