El periodista Gumaro Pérez Aguilando, colaborador del periódico La Voz del Sur, fue asesinado ayer, 20 de diciembre, en Acayucan, Veracruz. El mismo martes, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, condenó los hechos a través de su cuenta de Twitter y llamó “cobardes” a los autores del asesinato. “Me ofende la muerte de Gumaro Pérez (…) cobardes asesinos que lo mataron frente a su hijo frente a su hijo en una escuela primaria. Indignada por la pérdida de un valiente periodista más en Mexico. Justicia para su familia”, escribió la diplomática estadounidense.
Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), informó que desde 2015 el comunicador había solicitado ingresar al programa de protección debido a las coberturas que realizaba. Este miércoles, el secretario de Seguridad Pública del estado, Jaime Téllez Marie, lamentó el crimen y afirmó que, de inmediato, se implementó un operativo para dar con los responsables.
En conferencia de prensa, Téllez Marie afirmó que ni ellos ni la CEAPP tenían reportes de amenazas en contra del periodista.
En un comunicado, la Fiscalía de Veracruz aseguró que “fue detectada nula actividad periodística” y que el asesinato del también trabajador del Ayuntamiento podría haber obedecido a otras razones. “No existe testimonio alguno de que el hoy finado se dedicaba a ejercer el periodismo”, se lee en otro apartado del documento. Lo anterior, se justificaron las autoridades, deriva de que Gumaro no trabajaba actualmente como reportero, fotógrafo o periodista en algún medio de comunicación. La fiscalía veracruzana reconoció, no obstante, que Pérez Aguilando sí trabajó en los diarios El Golfo del Pacífico, Diario de Acayucan, Liberal de Coatzacoalcos y Voz del Sur, además de haber fundado un portal noticioso.
En pocas palabras, para el Gobierno de Veracruz, Gumaro no era periodista porque recientemente ya no había ejercido el oficio, aunque durante años formó parte de la prensa. Esta narrativa oficial se parece a la promovida durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa: afirmar que los asesinatos contra periodistas no estaba relacionadas con su trabaja e, incluso, echarles la culpa de su propia muerte. Así pasó con el asesinato de la periodista Regina Martínez, el cual fue atribuido a un “crimen pasional”; el caso del reportero Gregorio Goyo Jiménez, el cual según las autoridades se habría tratado de una “venganza personal” y el de la reportera Yolanda Ordaz, quien fue vinculada con un grupo del crimen organizado.
La fiscalía estatal invitó a cualquier medio de comunicación que cuente con información relativa al suceso o la actividad que desempeñó Gumaro a aportárselas. En el parte oficial, las autoridades veracruzanas reiteraron que “como cualquier vida, su deceso violento es lamentable” y que continuará con las investigaciones para esclarecer el asesinato.
El homicidio de Pérez Aguinaldo fue el duodécimo caso de asesinato de periodistas registrado en lo que va de 2017 y el cuarto caso registrado durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares.
