La semana pasada, un juez federal le dio su calaverita al exgobernador, de Sonora, Guillermo Padrés, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar el delito de delincuencia organizada. Con esto, se ordenó la reposición del procedimiento con una segunda acusación por el cargo de lavado de dinero… y bueno, ya que este delito no requiere de prisión oficiosa, el auto de formal prisión que el hombre con una presa particular tiene en su contra podría ser revocado y, entonces, darse su libertad. Y ya lo esperan diputados del PAN…

Por lo anterior, magistrados del décimo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México urgieron a la Procuraduría General de la República (PGR) – acéfala en este momento y despachada por alguien que no cumple los requisitos del cargo – que presente los elementos para comprobar que su investigación está sustentada en una auditoría. Además, solicitaron una querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En la acusación por lavado de dinero, se apunta que la administración de Padrés realizó licitaciones “a modo”, para la adquisición de uniformes. Con esta transa, habría beneficiado con contratos por más de 260 millones de pesos a empresas de familiares, incluida una de su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, quien – por cierto – también fue aprehendido pero desde hace tiempo logró su libertad.

De acuerdo con los magistrados, de no existir un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), se podría decretar la libertad del exmandatario, ya que por ahora se continúa sin contar con pruebas suficientes en su contra. No es nuevo: desde épocas en que todavía despachaba Raúl Cervantes, Padrés obtuvo un amparo para que se diera la reposición del proceso por lavado de dinero. El juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal, Erik Zebalgoitia, otorgó el recurso al considerar que se inició un juicio en contra del sonorense sin analizar los argumentos de su defensa… además de que probablemente no existían los requisitos formales que son exigidos a la Secretaría de Hacienda para este tipo de acusaciones.

Así, después de la revisión y ratificación de ese amparo, el juzgado en el Reclusorio Oriente – donde está detenido Padres – debe reponer el procedimiento de acuerdo con  las indicaciones dadas por los ministros del tribunal colegiado, quienes – según señala Reforma serán los encargados de emitir un veredicto en forma definitiva.

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