La Guardia Nacional. En febrero de 2019, el Congreso aprobó la creación de este grupo así como las leyes secundarias que configurarían su funcionamiento. Entre las cosas que se prometieron estaba el hecho de que la Guardia Nacional tendría un mando civil y participaría con las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en un plazo no mayor a cinco años —en lo que este grupo desarrolla sus capacidades.
Para que la participación de la Semar (Secretaría de Marina) y la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) fuera un hecho sólo faltaba que se expidiera un decreto firmado por AMLO —que materializa lo acordado en 2019.
11_05_2020 Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. https://t.co/kC79HJ3oJG pic.twitter.com/J5fI0EXPOI
— Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) May 11, 2020
De acuerdo con el acuerdo Presidencial —publicado este 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación—, la Sedena y la Semar colaborarán con la Guardia Nacional de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria. Desde mañana, 12 de mayo de 2020, hasta el 27 de marzo de 2024.
El acuerdo Presidencial
AMLO firmó este acuerdo el pasado 8 de mayo bajo el argumento de que ya era hora de que la Guardia Nacional comenzara a operar de acuerdo a la ley —de manera completa.
Es decir, a la Guardia Nacional aún le faltaba un pedacito del marco legal que se había acordado en 2019. Y en medio de la epidemia de coronavirus, Presidencia decidió echarlo a andar.
¿De qué manera lo hará? Se supone que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinará el trabajo que la Sedena y la Semar harán junto con la Guardia Nacional.
Como mencionamos, la colaboración deberá durar sólo cinco años —este apunte es importante, pues a varias organizaciones civiles les causa ruido el hecho de que las Fuerzas Armadas acompañen tareas de seguridad pública.
Estas son las funciones que el acuerdo militarista de Lopez Obrador da a las fuerzas armadas a partir de mañana. pic.twitter.com/W5A5obPDVp
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) May 11, 2020
Ahora bien, regresemos a la chamba de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Según el decreto publicado, estos grupos trabajarán en la prevención del delito, deberán salvaguardar la integridad de las personas y cumplir con los requisitos legales para llevar a cabo una detención.
Además, de llevar a cabo las tareas de vigilancia y verificación.
Ojo, este acuerdo NO le da luz verde a las Fuerzas Armadas de llevar a cabo tareas como la investigación para la prevención del delito, realizar operaciones encubiertas o análisis de información propios de las labores de inteligencia.
Por otra parte, lo que está prohibido para las Fuerzas Armadas, está permitido para la Guardia Nacional.
Sólo para no olvidarlo, el acuerdo que AMLO firmó enfatiza que todos los militares que participen en la Guardia Nacional deberán respetar los derechos humanos.
“En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia”, se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Advierten riesgos
Este es un tema que ya lleva un par de años rondando en la opinión pública —desde la gestión de EPN y la propuesta de una Ley de Seguridad Interior. La militarización de la vida pública.
Si bien la Ley de la Guardia Nacional indica que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sólo durará cinco años, grupos civiles han señalado que esto implica un riesgo para la vida pública. ¿Por qué?
El acuerdo que hoy publica AMLO no solo es inconstitucional, también es contrario al derecho interamericano.
En noviembre de 2018, en la Sentencia del caso Alvarado, la @CorteIDH determinó que así tenía que ser la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas: pic.twitter.com/8jWzJN7x2O
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) May 11, 2020
La Sedena y la Semar tienen antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Y aunque la ley sólo le confiere poderes para la prevención del delito a la Guardia Nacional, si no se vigila el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, se caerá en el mismo círculo de impunidad que imperó durante varios sexenios.
