Mientras el gobierno de AMLO —la Secretaría de Salud y Hacienda y Crédito Público— intenta resolver el problema de desabasto de medicamentos oncológicos para niños y niñas con cáncer, que de hecho ya lleva un año pendiente; algunas instituciones intentan ayudar en rollos de salud pública como fue el caso de la Guardia Nacional. Aunque ya surgieron cuestionamientos porque estas acciones sirven como una medida paliativa ante un problema mayor. ¿Cuál?
La salud pública como un derecho que el Estado debe garantizar —en vez de que las familias vendan taparroscas para poder juntar dinero y acceder a las quimioterapias que las instituciones del gobierno Federal y Estatal no pueden dar.
¿Cómo estuvo este asunto?
Guardia Nacional junta taparroscas para quimioterapias en Metepec
En un tuit del 21 de diciembre, la Guardia Nacional publicó un par de fotos para mostrar la entrega de taparroscas al personal del DIF de Metepec, Estado de México —a cargo de Mariana Cabeza Gamboa, hija de la alcaldesa de este municipio, quien percibe un sueldo de 79 mil 338 pesos mensuales por presidir esta institución, aunque se supone que se trata de un puesto honorífico.
Por cierto, el Municipio de Metepec insistió en un comunicado que el sueldo de la presidenta del DIF es legal y que por “historia” suele ser ocupado por familiares de los y las alcaldes “con el objeto de promover los valores familiares destacando que regularmente los hombres que han ocupado dichos cargos no sufren ataques, no se les cuestionan sus ingresos, los cuales generalmente son más altos que los de las mujeres en los mismos cargos”.
Y de regreso al rollo de las taparroscas. De acuerdo con la Guardia Nacional, la entrega se hizo para que las taparroscas puedan ser canjeadas para tratamientos de quimioterapia a niños y niñas.
Aquí la publicación: “En coordinación con autoridades del DIF Metepec, en Estado de México entregamos taparroscas que podrán ser canjeadas por tratamientos de quimioterapia para menores. Asimismo, acordamos distintas acciones de vinculación como videoconferencias para brindar recomendaciones de seguridad”.
Cuestionan a las autoridades
Esta publicación generó un montón de reacciones que van desde las críticas hasta los cuestionamientos, ya que si bien se trata de una acción a la que también entra la sociedad civil con el objetivo de ayudar a las familias de niños y niñas con cáncer para que junten recursos y accedan a quimioterapias que el sistema de salud público no puede brindarles; resulta una paradoja que una institución del Gobierno participe en esta tarea.
¿Por qué? Porque el propio Estado es el encargado de garantizar el acceso a las quimioterapias. Es una cuestión de salud pública que, de acuerdo con la promesa de AMLO, debería ser universal y gratuita.
Pero las cosas han sido un poco distintas para estas familias porque hasta el momento persiste el problema del desabasto de medicamentos o acceso a este tipo de atención.
La foto de la Guardia Nacional nos remitió un poco a la imagen que publicó el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. ¿Se acuerdan?
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