Una empresa intermediaria compró terrenos al módico precio de 4 pesos el metro cuadrado. Un mes después, esos terrenos fueron re vendidos al Gobierno de Guanajuato por 161 pesos el metro cuadrado.
Esta misma operación de comprar barato para luego revender muy caro fue replicada de distintas maneras por la intermediaria al adquirir 294 hectáreas, lo que supuso una ganancia millonaria a la empresa por la venta de tierras, mismas que fueron regaladas por el gobierno del panista Miguel Márquez a la compañía automotriz japonesa, Toyota.
Según avalúos bancarios obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Imunidad, entre 2014 y 2015 el Gobierno de Guanajuato pagó $481 millones de pesos por 31 terrenos que tenían un valor real de $191 millones. Es decir, se pagó un sobreprecio de $290 millones.
Peor aún, en la transacción participaron personas que se hicieron pasar como campesinos, quienes luego despojaron, en algunos casos con amenazas a ejidatarios de cientos de hectáreas que serían posteriormente regaladas a Toyota, para que está pueda instalar una planta armadora que se encontraría ubicada en los límites entre Guanajuato y Querétaro.
Por lo menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados por la intermediaria y luego revendidos al gobierno, solo con un mes de diferencia.
La intermediaría responsable de la transacción es JAOS & SGB SAPI de CV, cuyo dueño es el empresario regiomontano José María Garza Treviño. En una investigación de Reporte Indigo de junio de 2014 fue señalado de despojar a ejidatarios de Quintana Roo.
Garza Treviño es considerado como uno de los 100 empresarios más importante de México, según la lista anual de Expansión y tiene participación en los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.
El nombre de esta empresa intermediaria coincide con las iniciales de un par de ex funcionarios de el gobierno de Felipe Calderón: José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes trabajaron como directivos en la Procuraduría Agraria.
Germán Bordes tiene tres funciones dentro de la empresa: consejero, apoderado legal y negociador. Por otra parte, Ortega Serrano es su socio , junto con Abraham Cherem, ex funcionario de la Presidencia de la República durante el sexenio de Calderón. Los tres tienen el despacho dedicado a negociar la compra de tierras Law Social and Agro Advisor SC (LASC).
Además de formar parte del Consejo de Administración de JAOS y SGB, Santiago Germán Bordes se ostentaba como campesino.
Gracias al apoyo del comisariado ejidal de Caleras de Ameche (la comunidad en donde planea instalarse Toyota), el ex funcionario federal se integró como ejidatario, adquiriendo 12 parcelas, las cuales luego venido a precios muy bajos a la empresa en la que se desempeña.
Igualmente hizo una persona de nombre Juan José García Henríquez, quien en cinco contratos de compra venta de esas tierras aparece como el campesino vendedor, a pesar de que en realidad fungía también como apoderado general de JAOS & SGB.
De la misma forma que Germán Bordes, García Henríquez se convirtió de hombre de negocios en ejidatario para concretar la adquisición masiva de las tierras, en algunos casos prácticamente regaladas, para venderlas al Gobierno a precios muy por encima de lo que pagaron por ellas.
Estos sos los documentos de la compra venta de los terrenos y los avalúos:
Estos son los avalúos:
La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, al lado de otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.
La dirección que se encuentra en Caballo Calco 28 es también sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien aporto esa dirección para inscribir la empresa Losrram S.A. de C.V. de la cual es director Victor Manuel Lizarraga Erosa, uno de los socios de JAOS & SGB.
Por supuesto, nada de esto es casualidad: los socios de LASC, Losrram y, por supuesto, JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios prácticamente idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios de remate para realizar obras o desarrollos inmobiliarios con apoyo gubernamental.
