Seguimos pendientes del caso de Google México y el IFAI. Esta tarde la firma tecnológica contestó el procedimiento de imposición de sanciones que ha iniciado en su contra el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) por posibles infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
Reproducimos el comunicado:
“Nos preocupa la resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya que, consideramos se vulneran los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Google en todo momento se maneja con apego a las leyes que, en cada caso, resulten aplicables. Daremos seguimiento a este proceso a través de las instancias legales que correspondan. Google México”.
En resumen, según detalla Código Espagueti, Google México no atendió la solicitud de un particular para bloquear cierta información que aparece en el buscador y que hace referencia a su persona. La empresa argumentó que ellos no son los responsables del servicio de búsqueda, sino la compañía Google Inc que reside en Estados Unidos. Luego de analizar el caso, el IFAI determinó que Google México “es responsable del tratamiento de datos personales” y “presta servicios de motor de búsqueda”, por lo que se decidió iniciar con el proceso de sanciones.
En un reporte, el IFAI sostuvo que con esta resolución, “México se une a los países que han sentado un precedente al considerar a dicha empresa internacional [Google] como responsable del tratamiento de datos personales cuando presta servicios de motor de búsqueda”. Lo que no señala el IFAI es que en Europa, donde se han dado los precedentes citados, gran parte de los expertos sobre medios de comunicación e Internet sostienen que este tipo de sanciones también atentan contra la libertad de expresión.
El precedente que marca la decisión del IFAI es un arma de doble filo, en la que la una ley protección de datos pase a convertirse en una herramienta de limpieza de imagen para políticos y empresarios. Si se continúa en ese peligroso camino, se correo el riesgo de que al blandir por todo lo alto la bandera del “derecho al olvido”, se atropelle otro como el de la libertad de expresión. Nuestros amigos de Código Espagueti lo explican muy bien en este texto.
