Ante la inclemencia de la naturaleza, ante su impredictibilidad, ante su indiferencia, lo único que nos queda es la prevención. Cuando los fenómenos naturales nos azotan con fuerza avasalladora, está claro que lo que nos toca es levantarnos, ser solidarios con lo que no pueden; mientras que el papel del gobierno es crear medidas para alertar y prevenir, estructuras que permitan devolver a las zonas afectadas a la normalidad tan pronto como se pueda y garantizar la seguridad de la población ante los desastres.
Pero, ¿qué sucede cuando la medida diseñada como solución ante las tragedias provocadas por terremotos y huracanes en México falla en su objetivo, y no sólo eso, que con su falla miles de personas son, prácticamente, dejadas a su suerte?
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab y el semanario Proceso presentan una investigación sobre el negocio que apuesta sobre la tragedia: los bonos catastróficos.
“Este bono catastrófico nos ayuda en eventos extremos como éste. Nos permite enfrentar la contingencia con salud de finanzas públicas, pero sobre todo con agilidad y con mecanismos para que pronto se sienta el apoyo, el aliento y la cercanía desde la emergencia hasta la reconstrucción”, menciona José Antonio Meade, entonces Secretario de Hacienda, cuyas palabras recoge la investigación La Catástrofe de los Bonos Catastróficos.
La realidad, sin embargo, fue muy distinta a lo que Meade pregonaba. Básicamente, un bono de riesgo es una apuesta en la que participa el gobierno que los emite y un grupo de inversionistas. En México funciona de la siguiente forma: La Secretaría de Hacienda, con la asesoría del Banco Mundial, hace una oferta privada de bonos. Luego, los inversionistas extranjeros “aseguran” estos bonos.
De acuerdo con lo estipulado en los bonos, mientras éstos estén vigentes y no suceda un terremoto de magnitud superior a 7 o 7.9, según su ubicación, México no sólo no recibe nada, sino que deberá pagar a los inversionistas una cantidad sin especificar de millones de dólares directamente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
En cuanto a los huracanes, cuando son de categorías menores a 4 0 5, los inversionistas reciben millones de dólares, sin importar el número de víctimas o los daños que haya ocasionado.
Desde el gobierno de Vicente Fox se han utilizado estos bonos; algunos años a través de la empresa CatMex, que opera desde el conocido paraíso fiscal de las Islas Caimán. Los gobierno mexicano ‒desde Vicente Fox hasta el de Enrique Peña Nieto‒ han pagado al menos 277 millones de dólares en primas y cuotas, sin embargo sólo ha recibido 200 millones.
De acuerdo con la investigación, aunque parezca funcionar como un seguro, en el que se paga una prima periódica a cambio de que un bien sea reparado sin importar lo grave de los daños, el bono catastróficos no toma en cuenta el nivel de destrucción causados por terremotos o huracanes, sólo su magnitud.
Estos bonos han estado presentes en catástrofes significativas como la “gran inundación” de Tabasco en 2007, los huracanes Alex, Karl, Matthew, Ingrid, Manuel, y el terremoto del 19 de septiembre de 2017, todos en los cuáles el pago del bono no fue activado, dadas las condiciones por zona y magnitud.
Se han hecho múltiples recomendaciones para abandonar este modelo que ha traído más pérdidas para los mexicanos, además de que desprotege a los principales afectados; como por ejemplo de Carlos Valdés, ex director del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, o de la Auditoría Superior de la Federación.
Sin embargo, en febrero de este año la Secretaría de Hacienda emitió, junto con el Banco Mundial, Perú, Chile y Colombia un nuevo bono catastrófico para cubrir terremotos de fuerte magnitud.
