El periódico estadounidense The New York Times presentó una investigación que revela un nuevo escándalo dentro de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el reportaje, el gobierno mexicano utiliza un avanzado programa de espionaje para mantener vigilados a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción, en lugar de utilizarlo para investigar a criminales y terroristas. El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos celulares y otros dispositivos para poder monitorear cada detalle de la vida de una persona a través de un smartphone. A través de este programa se puede acceder a las llamadas, los mensajes, los contactos, los correos electrónicos y los calendarios de la persona intervenida. Es más, hasta se puede utilizar el micrófono y la cámara del celular para mantener vigilado al sujeto de la investigación.
La empresa NSO Group, los fabricadores del software, dijeron al New York Times que exclusivamente vende esta herramienta a gobiernos, aunque estos tienen la obligación de utilizarla solamente para combatir a grupos terroristas o organizaciones criminales —como los cárteles de la droga—. No obstante, Pegasus se ha utilizado para vigilar a críticos de la gestión del presidente Peña Nieto, señala el diario. Peor aun: el gobierno también acecha a los familiares de los averiguados. Entre las personalidades espiadas por el Estado se encuentran Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad; los periodistas Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena y Carlos Loret de Mola; y Mario Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Los intentos para realizar los hackeos, señala la publicación, se hicieron de manera personalizada. De acuerdo con la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) y Artículo 19, los ataques se realizaron entre enero de 2015 y julio de 2016. Los mensajes fueron diseñados para generar pánico y que las personas investigadas le dieran clic a los mensajes que les llegaban. En el caso Aristegui, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le solicitó entrar a un vínculo para, supuestamente, resolver un problema con su visa. En otros mensajes le pedían auxilio para encontrar a un menor desaparecido. En otro más le comunicaban irregularidades en algunos cargos de su tarjeta de crédito. Los mensajes siguieron llegando. En otro le decían que la iban a arrestar. En marzo de 2015, los mensajes comenzaron a llegar también al celular de su hijo de 16 años.
“La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Carmen Aristegui.
De acuerdo con el reporte realizado por R3D y Artículo 19, al menos tres instancias del gobierno federal han adquirido Pegasus: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); esta última dependencia no tiene facultades legales para realizar tareas de vigilancia. En los otros casos, según nuestra ley, un juez federal tiene que autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas, siempre y cuando los funcionarios que soliciten argumenten y demuestren tener un caso bien armado y que amerite dicha intervención. Según los expertos consultados por el New York Times, es muy poco probable que un juez haya dado la autorización para hackear los teléfonos de periodistas y activistas.
En resumen:
1.- Al menos tres dependencias del Gobierno Federal adquirieron el software Pegasus.
2.- Con esta herramienta han tratado espiar a periodistas, activistas y críticos del gobierno.
3.- Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un SMS con el que se busca persuadir a una persona a dar click en un enlace.
4.- Estos mensajes están disfrazados de anuncios, noticias o hasta como el mensaje de un familiar.
5.- En caso de entrar al enlace, se redirecciona a una página en blanco. Así, la persona descarga un software malicioso que permite a atacante acceder a llamadas, mensajes, contactos… así como controlar la cámara y micrófono del smartphone.
6.- Los periodistas encargados de la investigación de La Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, reporteros involucrados en el reportaje de Las empresas fantasma de Javier Duarte y el columnista Carlos Loret de Mola fueron algunos de los blancos de este ataque.
¿Y qué ha contestado el Gobierno al respecto?
El Gobierno Federal reconoció ante el periódico estadounidense haber recabado información de “sospechosos legítimos” de una manera apegada a la ley. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”. Sin embargo, rechazaron, “de forma categórica”, que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o que intervenga comunicaciones de periodistas, activistas o defensores de los derechos humanos o de cualquier otra persona sin “previa autorización judicial“.“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director de R3D.
¿Y la postura oficial?
Algunas horas después de publicado el reporte, Eduardo Sánchez, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, compartió en Twitter la postura oficial del Gobierno Federal.
Aquí la postura del @gobmx respecto de la nota del New York Times. pic.twitter.com/KZpnbDyxka
— Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) 19 de junio de 2017
En este enlace se puede consultar en su totalidad el reportaje de The New York Times.
En este otro vínculo se puede ver el reporte completo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
