Uno de los estados de la República con más presencia del crimen organizado es Sinaloa, por ello, no es raro que los medios de comunicación locales constantemente den cuenta de los delitos que en la región se cometen. Sin embargo, las autoridades decidieron que más que actuar contra la delincuencia, es mejor “tapar el sol con un dedo” y por ello avalaron la llamada #LeyMordaza, la cual restringe la cobertura de información policiaca.
Sin discusiones y por mayoría, el Congreso sinaloense aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con la que se prohíbe que los medios de comunicación tengan acceso a los lugares en que se hayan cometido delitos, además de la toma de videos, fotos, audio de los involucrados.
Con la iniciativa promovida por el actual gobernador Mario López Valdez, todo lo informado por los medios será “a modo” para el gobierno, ya que se establece que los periodistas sólo tendrán acceso a los boletines que emita la Unidad de Acceso a la Información Pública, previo visto bueno de la Procuraduría del estado. Además se prohíbe que los reporteros obtengan información “relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia” por cuenta propia.
Con la #LeyMordaza el conocimiento de los procesos de justicia aparentemente se vuelve cosa privada, ya que si bien los reporteros no tendrán acceso a la información, también los funcionarios públicos se verán limitados a compartirla, salvo autorización del procurador: “Sólo la víctima u ofendido, por conducto de su asesor jurídico, y el imputado, por medio de su defensor, podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de ésta”.
Tan sólo dos semanas, a partir de que el buen Malova envió la iniciativa, se necesitaron para que ésta fuera aprobada, pero según los legisladores, la ley no es para coartar la libertad de expresión ni limitar la labor periodística, simplemente para adecuar la ley local a las nuevas disposiciones penales federales; sin embargo, así ilustró la noticia el periódico local El Debate, en su portal:
Marco Lara Klahr, activista y periodista, en entrevista para Noreste calificó esta ley como “de contrarreforma, inquisitiva, opaca, burocrática y violatoria del derecho humano de acceso a la información pública (…) Es ridículo, ofensivo, viola el derecho a la información, atenta contra la responsabilidad del servicio público de rendir cuentas, el pretender que ellos van a dosificar la información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”.
Como era de esperarse, los medios locales y diversas organizaciones condenaron el aval de la #LeyMordaza, advirtiendo que ella representa “un peligroso retroceso” que favorece la impunidad y dificulta la procuración de justicia. “Sólo la acción ciudadana puede meter reversa a estas decisiones”, señaló Norma Sánchez, dirigente de la organización ciudadana Iniciativa Sinaloa.
Por su parte, Gabriel Mercado, líder de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, denunció que con esta ley se corre el riesgo de criminalizar el trabajo periodístico, “la intención clara del Estado es que sólo su voz se escuche y vea, mediante boletines”, denunció.
En Puebla y Chiapas contra las protestas, ahora en Sinaloa contra la información…. ¿qué sigue?
