Lo que necesitas saber:
Este 30 de enero la SEGOB pidió un juicio político contra un juez de Tamaulipas en la Cámara de Diputados.
¿Se acuerdan de un caso así antes? Recientemente la Secretaría de Gobernación envió a la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de un juez en Tamaulipas.
Afirman que el juez actuó a favor de integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte.
Piden juicio político contra un juez de Tamaulipas
Este 30 de enero la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó la denuncia de juicio penal en contra de Crescencio Contreras Martínez, quien es juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas.
Afirman que hay “elementos” que demuestran que las decisiones del juez no están “apegadas a los principios constitucionales y legales” ya que ha permitido la liberación de “objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.
Uno de los casos, explican, es el caso en el que se liberaron a las personas relacionadas con el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas. Agregan que también en casos embarrados con el tráfico de fentanilo, posesión de armas y demás.
Pero ¿qué es exactamente un juicio político? Se trata de un procedimiento que se realiza en el Congreso. La Cámara de Diputados es el órgano de acusación y el Senado es el órgano de sentencia.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los motivos de juicio son:
- El ataque a las instituciones democráticas
- Ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal
- Violaciones a los derechos humanos
- Ataque a la libertad de voto
- Usurpación de atribuciones
- Cualquier infracción a la Constitución o leyes federales cuando causa prejuicios graves
- Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal
La ley establece que entre los que pueden ser lanzados a juicio político están los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, así como los ministros de la SCJN y los magistrados del Tribunal Electoral.
