Luego de una de esas investigaciones en las que se llegó a “las últimas consecuencias”, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, anunció que los seis funcionarios implicados en la última fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán recibirán todo el peso de la ley… Bueno, nomás la que les compete a ellos.
Para que en el futuro los funcionarios la piensen antes de andar facilitando que criminales de alta peligrosidad escapen, las autoridades determinaron que, para empezar, los implicados en la fuga del líder del Cártel de Sinaloa serán destituidos definitivamente. Por si esto no fuera suficiente, también serán inhabilitados por 10 años para ocupar algún cargo público… Cabe destacar que éstas son las sanciones máximas previstas en la Ley Federal de Responsabilidades.
¿Y qué?, ¿no van a ir al bote? Bueno, ya que la SFP sólo se mete en lo referente a faltas administrativas, en caso de sanciones penales se tendrá que verificar con la Procuraduría General de la República, señaló Andrade.
Así, tanto la destitución como la inhabilitación corresponden a faltas tales como dejar que “El Chapo” viera Sabadazo en su celda, lo cual se tipificó como un abuso del cargo público por parte de Celina Oseguera Parra, coordinadora general de Centros Federales de Readaptación Social, y Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Penal Federal del Altiplano, en beneficio del ahora estandarte de todos los enviados a la friendzone.
“Se considera que hubo abuso de su cargo por participar en la sesión del 31 de diciembre de 2014 en la que se aprobó el uso de determinados bienes a favor de quien estaba cumpliendo la pena en ese momento”.
Otro detallito castigado al entonces director del Altiplano fue que no justificó su salida un día antes de la fuga… además de no activar la alerta roja en el momento en que “El Chapo” ya no fue visible a través del monitor de seguridad.
Oseguera Parra y Cárdenas Lerma fueron los dos funcionarios de alto nivel castigados. A ellos se les unieron otros funcionarios de menos categoría, también culpados de no declarar la alerta máxima en cuanto fue reportada la fuga del líder criminal y, además, señalados por resistirse a entrar en coordinación con fuerzas federales en las horas posteriores al penoso incidente ocurrido en julio pasado.
Ahora a esperar si por su “faltas administrativas” se les puede dar cárcel…
