Son pocos los crímenes peores que robarle a los pobres, todavía peor si es un funcionario público el que lo hace. Pues bueno, Reforma informa que funcionarios de algunas alcaldías gastaron dinero destinado a contrarrestar la pobreza en otras cosas ¿y si este dinero estaba destinado a combatir la pobreza de los ciudadanos, no es prácticamente robarle a los pobres? incluso ¿no es condenar a la pobreza a la gente?
La Auditoria Superior de la Federación decidió hacer acto de presencia (¡por fin!) y cerró el año buscando fincar responsabilidades a ex funcionario de administraciones panistas de Guadalajara, Naucalpan y Atizapán, por desviar recursos federales que eran para beneficiar a población en pobreza extrema.
Según el Reforma, la Auditoría citó a Mario Camarena Delgado, director de Construcción de Guadalajara en la administración de Alfonso Petersen, por permitir en el 2009 la ejecución de 34 obras con recursos del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM), las cuales estuvieron plagadas de irregularidades y no beneficiaron a la población pobre.
Lo anterior generó un daño de 65.5 millones de pesos al erario federal.
El director de Responsabilidades de la Auditoría, Victor Lazcano, expresó:
«Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras y con la inspección física a las 34 obras, se comprobó que las comunidades en donde se aplicaron los recursos del FISM no se encuentran en condiciones de rezago social ni de pobreza extrema»
¿Y entonces en qué zonas se gastó si no fue en las pobres?
En Naucalpan es probable que el golpe haya sido de hasta 50 millones de pesos por desvíos del FISM durante la administración de José Luis Durán Reveles para pagar el aguinaldo del 2008, nóminas del 2009 y demás gasto corriente del ayuntamiento, el cual enfrentaba severos problemas de liquidez (y en qué se gastaron el dinero que estaba destinado para cubrir esos gastos? ¿deuda pública? ¿y por qué permitimos que una pésima amortización de la deuda y administración económica afecte a los más pobres?¿no debería haber procedimientos para evitar tales actos?).
La Auditoría citó el 13 de noviembre a la otrora subtesorera de Egresos de Naucalpan, Martha Aurora de la Cruz Arvizu, para que se defienda en el procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias por daño al erario federal, en el que también busca sancionar al ex Tesorero del Ayuntamiento, Jesús Villarreal Tijerina.
En la última semana de la administración de Durán, el Municipio desvió 38 millones de pesos de fondos del FISM para pago de nómina y de un crédito de Banorte.
Al final de esa semana, la priista Azucena Olivares tomó posesión como nueva alcaldesa de Naucalpan, en una ceremonia que fue precedida por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto.
Pues bueno, a pesar de que se estaban usando recursos federales etiquetados para pagar la nómina municipal, la nueva alcaldesa anunció una semana después que no había dinero para pagar a los empleados y, por lo tanto, se contemplaba contratar un crédito bancario de 200 millones de pesos (¿más deuda? ¿y en qué se fue todo el dinero que se llevaron destinado a la población pobre?).
Por último, en el caso de Atizapán, Óscar Cuevas Corona fue síndico procurador en el 2009, en la época del alcalde Gonzalo Alarcón, quien fue denunciado por invertir recursos federales en la Bolsa Mexicana de Valores.
La Auditoría citó a Cuevas porque le imputa un daño de casi 10 millones de pesos por las mismas razones que a Camarena, es decir, por haber usado recursos del FISM para obras que sí se llevaron a cabo, pero no beneficiaron en absoluto a la población en pobreza extrema.
Y así, señoras y señores, es la calidad moral de la gente que nos gobierna.
