La noche de ayer, martes 3 de julio, la Asamblea Nacional francesa aprobó dos proyectos de ley dirigidos a controlar las ‘fake news’ durante los periodos electorales.
Pero la decisión no fue tan fácil de tomar. Para empezar recordemos que el pasado mes de abril, la Comisión Europea rechazó sugerir leyes para proteger de injerencias los procesos electorales en los 28 países miembros. En lugar de ello propuso programas educativos y la autorregulación en las redes sociales.
En cuanto al interior del país, las propuestas presentadas por el presidente Macron fueron duramente criticadas por la oposición y los medios argumentando que existe un peligro para la libertad de expresión.
Por su parte, la ministra de Cultura, Françoise Nyssen, celebró mediante su cuenta de Twitter la aprobación del proyecto, ya que se trata de un “texto equilibrado, eficaz y a la altura del desafío“. Agregó que se va a convertir en una “herramienta valiosa para proteger mejor” la democracia.
Je me réjouis de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un texte équilibré, efficace et à la hauteur de l’enjeu, un texte qui sera un outil précieux pour mieux protéger notre démocratie.
— Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) 4 de julio de 2018
Entonces, ¿qué se aprobó?
Como lo mencionamos anteriormente, fueron aprobados 2 proyectos de ley -uno ordinario para las campañas europeas y legislativas y otro orgánico para las presidenciales. Dicho proyecto fue presentado ante la Asamblea por el presidente francés Emmanuel Macron.
Imaginemos un escenario en donde se está observando una injerencia extranjera en algunos procesos electorales, lo que ha estado pasando últimamente. Las nuevas leyes le van a permitir a un candidato o partido recurrir a un juez para que emita un recurso de urgencia, con el objetivo de frenar la difusión de “información falsa” durante los 3 meses antes de una votación nacional.
Aunque, sólo se podrá hacer si se considera que está probado que la difusión se realizó “de manera deliberada” y no solo “de mala fe”.
Entonces, antes de bloquear una página web, el juez debe comprobar, en máximo 48 horas, que la información que se difundió en ella se hizo de “forma artificial o automatizada” y de manera “masiva”. Dicha ley también proporcionará los medios para interrumpir la difusión de servicios de televisión controlados o influenciados por un estado extranjero.
A las plataformas digitales les impone una mayor transparencia durante el periodo electoral.
