El candidato de la coalición ‘Por Veracruz al Frente’ a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, señaló que de ganar las elecciones, propondrá la creación de una fiscalía especializada para el seguimiento del caso del exgobernador, Javier Duarte.
Explicó que a pesar de que el actual gobierno estatal -el de su padre- ha logrado encarcelar a varios exfuncionarios de Duarte y recuperado bienes, aún hace falta mucho por hacer.
Dicha fiscalía dependería de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y estaría encargada de dar curso legal a todas las carpetas de investigación que hasta el momento se han iniciado, así como las que pudieran iniciarse.
Entre sus funciones, también tendrá como objetivo colaborar con la Procuraduría General de la República -PGR- para integrar averiguaciones previas y carpetas de investigación. Además trabajará con la Auditoría Superior de la Federación el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para lograr los mismos objetivos.
“Como gobernador de Veracruz no descansaré hasta terminar de hacer justicia para nuestro pueblo. Mi gobierno será implacable contra la corrupción, nada ni nadie por encima de la Ley”, señaló.
Anuncio de la creación de la Fiscalía Especializada para el Caso Duarte: https://t.co/qaOzAHpXik
— Miguel Ángel Yunes Márquez (@MYunesMarquez) 4 de junio de 2018
Y a todo esto, ¿cómo va el caso Duarte?
El más reciente objetivo del caso Duarte es su exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien es buscado por el presunto delito de desaparición forzada. Se ofrecieron hasta 5 millones de pesos por información que lleve a la localización de su paradero.
El caso por el que se le acusa es la localización, en 2016, de 19 cuerpos en La Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, de los cuales, la Fiscalía solo reportó seis y desapareció a los 13 restantes.
Cabe señalar que Bravo Contreras fue el último procurador que estuvo en el gobierno de Duarte. Incluso cuando la dependencia se convirtió en Fiscalía, tuvo pase automático para el cardo de 9 años, sin embargo renunció cuando el nuevo gobierno llegó en diciembre del 2016.
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