Desde finales de la semana pasada, el flujo noticioso ha girado alrededor del intercambio de declaraciones y acusaciones entre Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hasta el 20 de octubre. La historia, palabras más, palabras menos, es esta: el fiscal electoral hizo algunas declaraciones al periódico Reforma en las que denunciaba que el político priista lo había presionado para cesar las investigaciones por el posible financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
Dichas declaraciones fueron entendidas por la Procuraduría General de la República como violatorias del código de conducto, razón por la que se decidió separarlo del cargo.
En las últimas horas, el abogado de Lozoya Austin comunicó que, finalmente, la Fepade citó a declarar al exdirector de Petróleos Mexicanos, señalado por recibir 10 millones de dólares de sobornos a cambio de contratos. En la cita del próximo jueves 26 de octubre, Emilio Lozoya conocerá las imputaciones en su contra. Por el otro lado, el futuro de Nieto Castillo sigue sin definirse.
Momentos después de que Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y quien ocupa el puesto de procurador de manera interina, anunciara la destitución del fiscal electoral, legisladores de distintas corrientes partidistas reprobaron la acción y pidieron restituirlo en el cargo. Políticos tan opuestos como Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala se han posicionado a favor de Nieto Castillo.
Los argumentos de la oposición para defender al otrora titular de la Fepade han sido varios. Por ejemplo, hoy, diputados panistas y perredistas cuestionaron que el actual encargado de despacho de la PGR no cumple con los requisitos para hacerse cargo del puesto, pues no tiene más de 10 años en el ejercicio de la carrera de derecho. Por esta razón, argumentaron los legisladores, todos sus actos firmados son nulos.
Entre que son peras o son manzanas, el Senado de la República tendrá la última palabra y definirá la situación del fiscal electoral esta misma semana.
Mañana, miércoles 25 de octubre, la Cámara de Senadores citará a Elías Beltrán y a Nieto Castillo para llegar a una resolución en la telenovela de temporada. En el Senado de la República, como en Big Brother, las reglas también cambian. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), salpicado en el escándalo del financiamiento de Odebrecht, propuso que la votación se realizara sin dictamen previo, en fast-track y con voto secreto.
En esta modalidad para emitir el voto, los senadores pasan a la tribuna y depositan una tarjeta con su sufragio en una urna. Al final, los votos son contabilizados sin que se conozca en qué sentido votaron. Opacidad total, pues.
En pocas palabras: el voto en cédula implica que no conoceremos el sentido del voto de quienes acudan a la sesión. El panista Ernesto Cordero, presidente del Senado, afirmó que dicho procedimiento ayudará a que los legisladores no se sientan presionados. ¡Pobrecitos!
La oposición, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Morena, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano calificaron dicho procedimiento como “deleznable”.
