La joya de la corona en materia legislativa fue la aprobación de la revocación de mandato, pero también hay que echar ojo a la reforma realizada por los diputados que hará que, a partir de la respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación, la compra-venta de facturas falsas sea equiparada a delitos como el contrabando.
Según indica Expansión, ayer por en el Congreso avanzó en las reformas que, supuestamente, tienen como objetivo el combate a empresas fantasma. Para ello, se aprobaron las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley de Seguridad Nacional. Estas modificaciones fueron probadas con 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones.
Al modificarse las mencionadas leyes, la defraudación fiscal ameritará prisión fiscal cuando el monto del fraude supere tres veces la cantidad de 2 millones 601 mil 410 pesos, mientras que la emisión de facturas falsas será a partir de “ya” considerada simil al delito de contrabando. Además, según sea el caso, se podrían considerar las acciones contra el fisco como delitos que amenazan la seguridad nacional.
Aunque todas las bancadas en San Lázaro se mostraron a favor de endurecer las medidas para luchar contra las llamadas “empresas fantasma” (bastante popularizadas con Javidú), los representantes del PAN, PRI y PRD se opusieron a la idea de criminalizar a los contribuyentes que, por algún error, metan facturas apócrifas. Además, criticaron el abuso de la prisión preventiva, a la cual se harían acreedores aquellos a los que se acuse de defraudación fiscal, ya que, al ser considerado delito grave, es merecedor de la medida cautelar.
Cabe señalar que no todos los casos de defraudación fiscal se vincularían inmediatamente a prisión preventiva. De acuerdo con Animal Político, el dictamen aprobado por los diputados considera como delincuencia organizada a los casos en que los montos sean superiores a los 7 millones 804 mil pesos.
En esos casos, en los que ya se manejan millones de pesos, el responsable se haría merecedor a prisión preventiva oficiosa, con la previsión de recibir castigos que van de los dos a los nueve años de prisión. En caso de que el infractor sea servidor público, además del bote sería inhabilitado por 10 años.
Hay que recordar que esta medida fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de parar el daño al erario que representa la existencia de empresas fantasma, el cual –entre 2014 y 2019– puede calcularse en hasta 1.6 billones de pesos.
