Por Tania Romero

El 12 de diciembre de 2015 se aprobaron los Acuerdos de París, mismos que fueron firmados y ratificados por México. En ellos, nuestro país se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para lograrlo, se instaló una Comisión Intersecretarial que este año publicó el Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024, en el cual refrendó sus compromisos ante los acuerdos y ratificó que sus contribuciones determinadas de reducción ascienden a 22 por ciento de gases efecto invernadero y el 51 por ciento de carbono negro en el año 2030; dichos porcentajes pudieran aumentarse a 36 y 70 por ciento respectivamente.

¿Suena bien, no?

Desafortunadamente,  el cambio climático no entiende de jurisdicciones y los compromisos nacionales difícilmente pueden alcanzarse si no hay voluntad a escala local para hacerlo. Es por ello que es más que urgente que los estados y municipios comiencen a tomar medidas para contribuir a alcanzar las metas que son impostergables. Más allá de las sanciones que no cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París puedan traer, los efectos de no hacerlo serían catastróficos. 

En el caso de Jalisco, mucho se ha hablado de la voluntad del gobierno para tomar medidas. Sin embargo, la amarga queja del gobernador sobre la falta de recursos no deja de ser titular en los periódicos. La lógica diría que frente a un escenario de macro deuda, bajos recursos provenientes de la federación y crisis económica ocasionada por la pandemia de SARS-COV-2, el gobierno estatal se estaría poniendo las pilas para generar recursos que le permitieran financiar su propio desarrollo; de paso, ayudar a los municipios a hacer lo propio para fortalecerse. 

En ese sentido, durante el mes de junio de este año, el gobernador había informado que propondría la creación de un nuevo impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, fundamentado en una reforma a la Ley de Hacienda del Estado para que entrara en vigor en 2021. Su propuesta incluía que todas las unidades económicas, empresas o personas físicas, que produzcan emisiones de carbono u otros gases a la atmósfera generados en los procesos productivos pagarían dicho impuesto; con ello, tener recursos que le permitieran financiar políticas y programas de adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; además, financiar la transición a una economía más sustentable.  

Es importante destacar que la creación de impuestos verdes no son idea del gobernador de Jalisco, sino que ya existen en muchos países, por ejemplo Australia y Alemania, que  son los países que más recaudan a nivel mundial, o incluso ejemplos latinoamericanos como el de Chile. 

A nivel nacional aun cuando el IEPS o el impuesto a combustibles fósiles pueden ser considerados como impuestos verdes, en realidad no están cumpliendo un objetivo de desincentivar el consumo de combustibles fósiles porque no forma parte de una política integral que lo permita. Es decir, aunque sale más cara la gasolina, no hay una opción más sustentable de combustible y, por ende, de transporte amigable con el ambiente. 

En el caso de Jalisco, se proponía que la contribución sería generada en el momento en el que se realizan las emisiones a la atmósfera con una cuota basada en las toneladas de gases emitidos. Para ello sería necesaria la integración de un registro de emisiones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y  Desarrollo Territorial en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en días recientes se confirmó que  el nuevo gravamen no está incluido en el proyecto de Ley de Ingresos 2021 planteada por el Poder Ejecutivo. El secretario de Hacienda explicó que antes de crear el impuesto como tal, se tendría que consolidar el padrón de emisiones en el estado. 

Aunque, como argumentó el secretario de Hacienda, la creación de nuevas tributaciones es un ejercicio complejo, la verdad es que estados como Zacatecas y Nuevo León ya han incursionado en el tema de los impuestos verdes y su aplicación. Luego entonces, Jalisco no debería ser la excepción. Si nuestro estado se jacta de ser innovador y vanguardista en cuanto a planeación, desarrollo e investigación, no deberíamos quedarnos atrás en una agenda tan importante como la ambiental. 

También es importante reiterar que uno de los objetivos fundamentales de la imposición de impuestos verdes es el cambio de comportamientos y la transición a conductas más sustentables, lo cual es complejo de alcanzar sólo con la creación de  un impuesto (recordemos el ejemplo del IEPS), es necesario que estos impuestos sean parte de una política integral, donde también  los ingresos generados estén etiquetados y sean efectivamente destinados para un fin específico. El impuesto verde nunca debe entenderse como una única solución.

No obstante lo anterior, los impuestos verdes pueden ser una herramienta fundamental para el desarrollo y la transformación de las comunidades, de modo que nos acerquen a alcanzar el bienestar colectivo. Aunque son considerados costosos políticamente, pues nuestros gobernantes históricamente han creído que no les viene bien decir que van a crear nuevos impuestos, es urgente que contemos con autoridades que se atrevan a dar los pasos urgentes y necesarios que nos lleven a alcanzar un modelo de desarrollo aceptable, para generaciones presentes y futuras. 

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Tania Romero es tapatía, adicta al café y consultora en legislación urbana, capacidad institucional y planeación para el desarrollo. Milita en Futuro Jalisco.

Twitter: @TaniaRomeroL

Fuentes

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