Por Javier Medina

El acceso a la educación nos permite adquirir conocimientos en diversos aspectos. Nos ayuda a entender de mejor manera cómo es que funcionan los entornos y las dinámicas sociales; en ese mismo sentido, la educación ambiental juega un papel relevante.

La educación ambiental está posicionada como un instrumento de política ambiental que busca incidir en la preservación, restauración y equilibrio de ecosistemas; lo anterior, partiendo desde una base formativa que involucre a la población, instituciones educativas e instancias de gobierno que puedan desarrollar temas afines, aplicándose tanto en el ámbito escolar, como en el extraescolar. Además, puede ayudar a que vivamos dentro de sociedades más responsables. En las que se entienda que nuestros actos pueden afectar o beneficiar a más personas.

La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.*

Comúnmente hemos escuchado o, incluso, hemos percibido que hace falta “conciencia” o “cultura” en términos ambientales dentro de la población. Esto podemos palparlo de manera recurrente en la forma en que utilizamos los elementos naturales (por ejemplo el agua), en nuestros hábitos de consumo o en la cantidad de residuos que generamos y en cómo nos deshacemos de ellos. Para dar pasos en educación y cultura ambiental es preciso entendernos de manera colectiva; dejar de percibir nuestro rol en las calles y en lo comunitario con una óptica individualista. Desde luego, aquí está otro tema que debe ser impulsado de manera constante y efectiva desde las agendas de gobierno. Debe apostársele a la educación ambiental como un mecanismo transformador de nuestras realidades.

En Jalisco, contamos con el Plan de Educación y Cultura Ambiental. De acuerdo a lo que establece el propio Plan, fue un esfuerzo que logró concretarse con el trabajo conjunto de 187 personas provenientes de 72 instituciones de las diferentes regiones que conforman el estado. Un trabajo de estas características debe ser arropado e impulsado para que pueda traducirse en acciones y políticas públicas que puedan materializar las ideas y objetivos plasmados dentro del documento. En el proceso de estructuración del Plan, se identificó que las agendas por la educación ambiental se encuentran débilmente posicionadas. Un indicador que, desde luego, debe revertirse.

educación ambiental

Foto: Pixabay

La problemática ambiental puede ser tal que, como el propio Plan lo reconoce, repercute en la calidad de vida de la población en grados que pueden llegar al incremento del desempleo y la migración, ocasionados por la degradación de los ecosistemas. En este aspecto, es importante también reconocer que las condiciones que generan desigualdad social pueden atenderse desde la protección de los ecosistemas. Ello implica impactar positivamente en la calidad de vida de las personas.

Podemos ejemplificar lo anterior a través de la problemática detectada en torno al agua. De las 12 regiones en que se divide el estado, en 5 de ellas existen problemáticas relacionadas a la disponibilidad (por escasez o abastecimiento); en las 12 se identificaron problemáticas por contaminación del agua o tratamiento deficiente de aguas residuales; así, el problema se detectó de manera simultánea en 5 de las 12 regiones. En las 12 regiones del estado fueron detectadas problemáticas por manejo inadecuado de residuos. Asimismo, 88.5% de las y los jaliscienses creen que el clima en sus municipios ha cambiado. Reflejo de lo que vivimos día a día en lo cotidiano, en 9 de las 12 regiones la población identifica una pobre cultura o educación ambiental.

La educación ambiental surge a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en 1972 en Estocolmo. A partir de ahí se ha buscado su implementación de manera generalizada; desde luego, América Latina y México no han sido la excepción. No obstante, en el caso de nuestro país, han existido barreras surgidas desde los cambios de administración y falta de continuidad a estrategias y políticas públicas. La desigualdad y la marginación también han sido factores. Por tanto, si deseamos establecer una nueva relación con el medio ambiente, se requieren de cambios sustanciales que no deben postergarse más. Existirán respuestas en la medida en que se conciba a la educación ambiental desde la congruencia y se le entienda como un acto político:

 La comprensión de la interdependencia entre actividades humanas y ecosistemas permitirá la planeación y el diseño de acciones que aseguren el bienestar social actual y futuro, por lo que la educación como acto político implica responsabilidades generacionales y acciones políticas que debe tener cualquier sistema social comunitario e institucional gubernamental ya que la educación ambiental no es neutra, sino ideológica, es un acto político basado en valores para la transformación social.**

Parte de los desafíos para lograr que la educación ambiental logre sus propósitos está en que pueda ser impartida de manera formal dentro del sistema de educación. Entendiendo que el acceso a la educación de calidad es un derecho y no un privilegio.

El Plan identifica 24 indicadores que darán cuenta de que se está avanzando en cultura ambiental, de los cuales rescato tres.

  • Nos dé vergüenza la inamovilidad participativa a favor del medio ambiente.
  • La política pública se someta a la protección, restauración y preservación de los servicios ambientales como estrategia prioritaria de gobierno.
  • El servicio público esté por encima del autoservicio político.

En párrafos anteriores hablaba sobre concebir a la educación ambiental desde la congruencia. Esto implica que la educación vaya acompañada de lineamientos de planeación, prevención, restauración y regulación de actividades que impacten el ambiente. El Plan fue impreso en el Corredor Industrial El Salto, en El Salto, Jalisco. Justo en este municipio se sufre día a día uno de los peores desastres ambientales del país por la descarga de aguas contaminadas al Río Santiago. Revertir este tipo de afectaciones debe ser prioridad. Aquí está uno de tantos compromisos para reconciliar nuestra relación con los ecosistemas.

Sin duda, la apuesta por la educación debe ser fuerte y constante. De cara a lo que viene, y en la construcción de una nueva y justa normalidad, el compromiso de asumir responsabilidades compartidas debe ser una constante.

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Javier Medina es abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente. Militante de Futuro.

Twitter: @javier_medinaP

*Artículo 3, fracción XXXVIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

**Políticas públicas hacia la sustentabilidad: integrando la visión ecosistémica. (Galán, Balvanera y Castellarini, 2012)

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