Cambiemos a un esquema pesquero socioecosistémico

Por Aramis Olivos Ortiz

México es un país privilegiado por su posición geográfica, ya que su territorio nacional colinda con el golfo de México, Mar Caribe, Golfo de California o mar de Cortés y el Océano Pacífico. De hecho, su Zona Económica Exclusiva, que incluye islas y mar territorial, es más grande que su superficie continental, por ello es común escuchar que nuestro país tiene una gran fuente de recursos en sus mares. Uno de éstos lo representan sus recursos pesqueros, que de manera directa deberían estar destinados al consumo humano y ser de gran beneficio por su alto valor nutritivo para nuestra población. Sin embargo, esto no es así, la pesca y acuicultura artesanal o rural pasa por graves problemas debido a la informalidad que la caracteriza: malos planes, políticas y efectos antropogénicos.

Sobre el sector artesanal pesquero y acuícola

Desde 2015, la FAO alertó que la pesca y acuicultura artesanal o rural es una actividad productiva y social expuesta a distintos riesgos para las poblaciones que las ejercen representadas por pescadores ribereños, quienes enfrentan necesidades específicas de protección social. Esto es importante pues representa la mitad de la producción total del sector pesquero y emplea al 90% de la fuerza laboral del sector, de la cual la mitad son mujeres. En la actualidad, esta actividad es realizada por personas en circunstancias precarias encrudeciendo la pobreza en la que viven.

Para 2019 la FAO mencionó que en México y América Latina este sector ya presentaba problemas relacionados con vulnerabilidades y necesidades en función de problemáticas como la desigualdad de género, el cambio climático, salud, régimen pensional, variabilidad en los ingresos, condiciones laborales, delincuencia hasta llegar al crimen organizado, lo que se ha agravado hasta la actualidad, y en nuestro país tiene muchas realidades.

En nuestros días esta actividad se relaciona con un bajo nivel de productividad debido principalmente a las barreras económicas y sociales que enfrentan los hogares y unidades productivas rurales de este segmento, que les resta competitividad económica, disminuye los márgenes de ganancia y, por lo mismo, se reduce a una actividad de subsistencia.

Operatividad institucional de la pesca en México

La Carta Nacional Pesquera es el instrumento técnico científico base que resume la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros. Está a cargo del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) que es el responsable de que sea acorde a la realidad nacional, sin embargo, solo ha sido parcialmente actualizada cinco veces desde el año 2000, cuando la Ley General de Acuacultura y Pesca Sustentables mandata hacerlo anualmente. De esto es fácil deducir que la información sobre las especies pesqueras no es actual, no contiene información completa, confiable y verificable, es decir, la autoridad correspondiente, en primera instancia no conoce a fondo la realidad que debe administrar.

De lo anterior también es fácil suponer que la mayoría de los recursos pesqueros y acuícolas no cuentan con planes de manejo adecuados y que en su mayoría se administran con base en permisos y concesiones que no reportan capturas y ganancias, sino que además se prestan a malos manejos, corrupción e impunidad que genera distintos tipos de violencia, vinculada con el deterioro ambiental, agotamiento o tráfico ilegal de ciertas especies emblemáticas y de gran importancia ecológica. Esto hace que tampoco haya datos útiles para que las autoridades municipales, estatales y federales puedan generar planes efectivos de manejo, recuperación y restauración con verdadero impacto social, sobre todo en el medio rural.

De manera casi emblemática, el INAPESCA ha basado sus planes de manejo en recursos industriales que “garanticen grandes volúmenes y ganancias” como el atún, sardina, anchoveta o camarón, u otros que por sus dividendos son importantes como la langosta, abulón u ostión para los cuales destinan recursos para implementos, capacitación e inversión, dejando de lado la pesca artesanal que significa mayores impactos sobre todo en el medio rural.

Presiones humanas al ambiente

Desde la década de los setenta, hemos escuchado de manera sistemática lo que nos ha llevado a vivir con conceptos alusivos a fenómenos que en cascada se relacionan: quema de combustibles fósiles, efecto invernadero, adelgazamiento de la capa de ozono y su desaparición parcial en los polos, incremento de la temperatura atmosférica y oceánica, deshielo de glaciares, incremento del nivel medio del mar y su acidificación, entre otros, todo lo cual afecta grandes caladeros o zonas de pesca. Estos conceptos se han vuelto cotidianos. Ahora, vivir bajo riesgo y vulnerabilidad es lo más normal, y en lugar de actuar en consecuencia preferimos cómodamente pagar seguros para estar protegidos ante las inminentes inundaciones, deslaves, efectos de tormentas, sequías prolongadas o fenómenos que afectan la pesca… es decir, ante los efectos del cambio climático que nosotros mismos hemos creado.

Estos fenómenos son notorios a nivel mundial, pero en las aguas costeras, oceánicas y continentales, han generado que las corrientes cambien, así como la cantidad y calidad de nutrientes, el pH, la salinidad, la cantidad de oxígeno disuelto, las condiciones lumínicas, etcétera. También hemos introducido especies exóticas que han desplazado las naturales, sin olvidar que hemos sobre explotado los recursos acuáticos. Con esto en mente, es válido que nos preguntemos por qué en las últimas dos décadas los recursos pesqueros ya no son los de antes. En definitiva, las cosas han cambiado por falta de conocimiento técnico del estado de los recursos, mala administración, malas prácticas o, lo más grave, por falta de ética.

Hacia un nuevo modelo de pesca y acuicultura

Estoy seguro de que la situación expuesta no es nueva para los tomadores de decisiones, es clara la inoperatividad que vive el sector pesquero dividido entre los privilegiados y los marginados. Los cambios ambientales promovidos por actividades humanas hacen más urgente un cambio de paradigma en el modelo nacional pesquero y de la acuacultura, pues no sólo está en riesgo la supervivencia de especies comerciales, sino de todas las especies acuícolas y de muchos ecosistemas, así como el desarrollo de una gran parte de nuestra sociedad tan afectada y desatendida: la rural. Se requiere de un cambio que en verdad se refleje en la economía del sector pesquero del país, con miras a lograr una competitividad de los productos mexicanos ante una demanda mundial de alimentos pesqueros que son de gran valor nutricional.

Debemos migrar hacia un desarrollo pesquero y de acuacultura de alcances sociecosistémicos en función de la diversidad de climas, especies, culturas y comunidades según las regiones de nuestros mares, que de verdad genere progreso y desarrollo sostenible a partir de educación y sentido de pertenencia para erradicar la pobreza y el hambre. Sin esto, no es posible luchar contra la marginación, distintos tipos de violencia, la delincuencia y crimen organizado, pues éstos seguirán permeando en este sector tan vulnerable de nuestra sociedad.