Entre lo rural y lo urbano: reflexiones para una justa normalidad

Por Tania Romero

Desde inicios de 2020, con la llegada de la pandemia de COVID-19, se ha reflexionado en torno a problemas viejos de los espacios que habitamos y que se han puesto de manifiesto en el contexto mundial actual. La situación actual nos ha obligado a repensar y valorar aspectos del territorio que hemos tenido históricamente abandonados. La tendencia mundial hacia la urbanización, no ha sido ajena a Jalisco; de acuerdo con datos del IIEG, el 87.9% de las localidades en el estado son urbanas, mientras que el 12.1% rurales. Esto significa que 7 millones 207 mil 235 de personas viven en localidades urbanas mientras que solamente 990,248 en poblados rurales.

Este crecimiento en población y territorio destinado a la urbanización, ha provocado que los ojos de lo público se centren en las localidad urbanas y sus necesidades; así pues, dejando de lado todo lo que representa la ruralidad; o urbanizando aquellos continuos rurales que solían convivir con las ciudades.

Algunas estimaciones calculan que en el mundo las zonas urbanas consumen hasta un 76% de los recursos naturales y producen 605 de su emisión de gases de efecto invernadero y el 50% de sus residuos. Además, la expansión de las ciudades con frecuencia resulta en que las poblaciones rurales se conviertan en pequeñas ciudades satélite anexas a los centros urbanos. Una de las consecuencias de la expansión de las ciudades es la apropiación del suelo agrícola lo que supone la desaparición de corredores verde y azul que contribuyen a mantener la salud de nuestros ecosistemas y la interrupción de medios de subsistencia rurales; en ese sentido, afectando los suministros de alimentos y amenazando el medio ambiente a través del aumento de las emisiones de carbono, la contaminación y el uso de energía.

¿Qué pasa con las localidades rurales lejanas a las ciudades o cabeceras municipales?

Éstas carecen de servicios públicos de calidad. Además de que con frecuencia se encuentran en condiciones de marginación y pobreza debido a la falta de acceso a las oportunidades que ofrecen las ciudades. Lo anterior no implica que no encontremos riqueza en algunas de las zonas agropecuarias del estado. Por ejemplo, en 2018 los municipios con mayor producción eran Tequila, Arandas, Jesús María, Tepatitlán, San Gabriel, Zapotlán y Tomatlán, muchos considerados localidades en crecimiento y con una economía rentable; además, por el tamaño de sus poblaciones, ya forman parte de la categoría de localidad urbana.

No obstante, en cuanto a servicios y equipamientos (educación, salud, trámites gubernamentales etcétera), se encuentran muy por debajo del nivel que sostiene la región más urbanizada del estado. Además de que los servicios públicos municipales y estatales se concentran en las cabeceras municipales; es decir, en el entorno urbano; entonces, no llegan a sus localidades rurales. Por ejemplo, en los 12 municipios que componen la región Altos Sur, se cuenta con dos hospitales generales y un hospital de especialidades; sin embargo, todos los servicios de salud están centralizados únicamente en la centralidad urbana de Tepatitlán y Yahualica.

Además de la cobertura de servicios públicos y equipamientos, el crecimiento de la población urbana genera problemas para producir alimentos para un número de población cada vez más grande. Esto presenta retos también para la mitigación de los efectos del cambio climático y la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico. La tecnificación del campo ha provocado también que las y los pequeños productores dejen de ser protagonistas en las cadenas de suministro alimenticio, aun cuando es a ese nivel en donde se desarrollan cultivos más sustentables; mientras que el crecimiento urbano de baja densidad ha provocado la pérdida de las tierras agrícolas más valiosas por su cercanía con las economías de aglomeración de las ciudades y la baja complejidad logística de llevar sus productos directo a quien los consume.

En el caso del estado de Jalisco, la producción agropecuaria está principalmente destinada a la exportación y desconectada de las cadenas de suministro locales.

Por ejemplo, aunque en 2017 el valor de la producción total agrícola, ganadera y de la pesca fue de 141 mil 627 millones de pesos, el total de exportaciones en dichos rubros fue de aproximadamente 100 millones de pesos, con su respectiva ganancia. De modo que más del 70% de la producción está destinada a exportaciones. En cuanto a cultivo como el arándano, frambuesa, zarzamora, el higo en la zona de Tlajomulco y la uva de mesa cultivada en Tuxcacuesco y Tolimán, de los cuales Jalisco es líder, el 90% de las uvas son vendidas al extranjero y algo similar sucede con el resto de los cultivos. Lo anterior implica un riesgo de crisis alimentaria en un contexto de emergencia como la que trajo la pandemia; en la que se detuvieron las cadenas de suministro en todo el mundo.

Si bien resulta positivo en muchos aspectos la variedad de cultivos; en la realidad, la producción no garantiza el abastecimiento del consumo local. Se deben entonces fortalecer las cadenas entre lo urbano y lo rural en la escala local; reconociendo el valor de la ruralidad para las ciudades del estado, pues dichos territorios no sólo aportan en términos de producción alimenticia y de materias primas para las industrias de transformación, sino que aportan también servicios ecosistémicos para las ciudades, los cuales se traducen en mejor calidad del aire, agua y mitigan los efectos del cambio climático.

Para lograr esto se deben explorar alternativas de producción más sostenible.

Unas que formen redes de producción y consumo local. Con ello, integrar los productos generados en los territorios rurales para el consumo en sus entornos urbanos inmediatos. Las ciudades tienen la oportunidad de jugar un rol protagónico en un cambio de paradigma alimentario en el que la comida saludable y sustentable sea accesible y asequible para su consumo. Por ejemplo, los gobiernos de los municipios tienen la posibilidad de tomar medidas para garantizar que la producción agrícola de los continuos rurales de los centros urbanos entren a los mercados. Garantizando así una oferta de productos más justa. Además de que tienen la obligación de proteger el suelo rural y evitar, a través de la planeación, que el crecimiento urbano desordenado y la especulación obligue a las y los productores a vender su suelo.

Se debe entender que las zonas urbanas y las rurales son interdependientes.

Las ciudades dependen del sector rural para recibir una serie de bienes; desde lo referente a la alimentación hasta la generación de materias primas para la transformación; así como de servicios ecosistémicos para la obtención de agua potable y el mejoramiento de la calidad del aire, entre otros. En una normalidad verdaderamente nueva y justa, lo rural no puede seguir siendo sinónimo de marginación y los beneficios de la urbanización deben derramarse también en los contextos rurales. En lugar de competir por recursos (públicos y privados), debemos buscar sinergias que permitan inversiones más equilibradas y sostenibles; además de gestionar mecanismos para que las ciudades otorguen compensaciones a sus continuos rurales. De este modo, podremos alcanzar un desarrollo más justo, compartido e integrado para todos y todas.

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Tania Romero es tapatía, estudiante de maestría, consultora y ex servidora pública. Le interesan el derecho urbano, la calidad legislativa y las políticas públicas con perspectiva de género. Milita en Futuro Jalisco.

Twitter: @TaniaRomeroL