Hace poco más de un año reflexionaba en este mismo espacio sobre si la crisis generada por covid-19 implicaría relevantes sucesos en nuestro sistema económico. Lo anterior, dado que es conocido que eventos clave compartidos por personas jóvenes definen a las generaciones como resultado de una experiencia colectiva (Mannheim, 1952) (Schuman, 1989). En este sentido, la crisis climática que estamos viviendo y la crisis económica generada por la pandemia condicionarán cómo la humanidad lidia con el actual sistema económico como un subsistema del ecosistema llamado Tierra, desde una perspectiva de economía ecológica (Common & Stagl, 2005).
La acción climática y su respectiva justicia climática sólo son posibles si existen los recursos para la implementación de los acuerdos internacionales. En un contexto donde inicialmente existen compromisos internacionales referidos a la mitigación para mantener el ineludible aumento de la temperatura global en 1.5° como lo demostró el último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de su sexto ciclo de evaluación (AR6), publicado en agosto de este año, es necesario complejizar cómo y a quiénes afecta y seguirá afectando el cambio climático.
¿Qué son las Conferencias de las Partes (COP)?
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Desde el inicio de su labor en 1988, el IPCC ha preparado cinco informes de evaluación (AR) de varios volúmenes, ahora se encuentra en su sexto ciclo de evaluación (AR6).
De la misma manera, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor en 1994 y tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) cuasantes del cambio climático. Desde sus inicios ha tenido a su cargo las conferencias donde se reúnen varios países (conocidos como “partes”) adheridos a diferentes acuerdos internacionales como los órganos subsidiarios (SBI & SBSTA), el Protocolo de Kioto (CMP) y el Acuerdo de París (CMA).
¿Qué tiene que ver la COP con el financiamiento?
La operatividad de los acuerdos internacionales sobre cambio climático requiere de recursos para poder cumplir sus objetivos. En este sentido, desde el inicio de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto se acordó que, dado que la emisión histórica de GEI es responsabilidad común pero diferenciada, los países en desarrollo tienen una mayor responsabilidad por sus niveles de emisiones; por lo anterior, deben contribuir con mecanismos financieros para proveer de fondos financieros a los países en desarrollo.
En este sentido, actualmente existen el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), Fondo de Adaptación (AF) y el Fondo Verde para el Clima (GCF). A lo largo de estos más de 25 años ha existido una discusión internacional por posicionar a la adaptación como un tema relevante para los países en desarrollo, ya que si bien la mitigación histórica es una responsabilidad mayor para los países desarrollados, no así los efectos del cambio climático: los países en desarrollo sufrirán más sus consecuencias debido a diferentes factores relacionados a la vulnerabilidad resultante de la ubicación geográfica, pobreza multidimensional, capacidades institucionales y acceso a recursos de manera oportuna.
Adicionalmente, desde 2010 se estableció el Comité Permanente de Finanzas (SCF) con los siguientes objetivos:
- Mejorar la coherencia y la coordinación en la entrega de financiamiento para el cambio climático.
- Operación de los mecanismos financieros.
- Movilización de recursos financieros.
- Medición, presentación de informes y verificación del apoyo prestado a los países en desarrollo.
En este sentido, existe una meta de financiamiento desde 2009 bastante polémica: 100 mil millones de dólares (USD) que los países desarrollados deben otorgar a los países en desarrollo; sin embargo, tal meta no ha sido cumplida hasta la actualidad.
Este año, en parte por la presidencia de Reino Unido de la COP y su liderazgo internacional en la agenda de movilización del sector privado hacia las Finanzas Sostenibles, es que dicha meta ha tomado un protagonismo particular.
¿Qué son las Finanzas Sostenibles?
El financiamiento sostenible es un término relativamente nuevo. Discusiones iniciales se dieron desde 2014 cuando la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) empezó un proceso de consulta en varios países para diseñar un sistema financiero sostenible.
En este sentido, el financiamiento sostenible se refiere a la inclusión de cuestiones medioambientales y sociales en la toma de decisiones de inversión a largo plazo (Unión Europea, 2021).
Sin embargo, a pesar de no existir una definición acordada desde tiempo atrás ya existía una relación entre finanzas y cambio climático. Lo anterior desde la publicación de Salvaguardas ambientales y sociales en 1990; la publicación de los Procedimientos de evaluación ambiental y social en 1998; los Principios de Ecuador en 2003; la publicación del Marco de referencia de sustentabilidad en 2006; la creación de los Principios de Inversión Responsable (PRI) en 2006; la publicación de los estándares de desempeño en 2006 también; los lineamientos en medio ambiente, salud y seguridad en 2007; así como la determinación de listas de exclusión de actividades a financiar en 2007 igual.
En el mismo sentido, la creación de la Junta Internacional de Normas Contables sobre Sustentabilidad (SASB) en 2011; la publicación de los Principios de Sostenibilidad en Seguros en 2012; la creación del Grupo de trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima (TCFD) en 2015; el primer Estándar Internacional de Reporteo sobre Sustentabilidad (GRI) en 2016; y la creación de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sector Financiero (NGFS) en 2017; así como la publicación de los Principios de Banca Responsable (RBP) en 2019; la creación de la Coalición de Ministros por la Acción Climática en el año 2019; y la articulación del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles del G20.
Si bien se espera que en el mediano plazo puedan involucrarse temas sociales, la mayoría de los esfuerzos internacionales se han dirigido a tener una pragmática inclusión de temas de cambio climático y, en el mejor de los casos, ambientales debido a la facilidad de réplica de métricas con las cuales medir avances.
¿Qué esperar de la COP26?
La transversalización de la agenda climática en cualquier contraparte, ya sea pública o privada, nacional o internacional, es un resultado deseable de estas negociaciones. Problemas básicos como la definición de “Financiamiento climático”, “mecanismos de mercado” para el precio del carbono, homologación de metodologías para medir necesidades de cada país respecto a la mitigación y adaptación, así como metodologías para monitorear flujos de financiamiento nacionales, internacionales públicos y privados serán discusiones centrales en esta COP dado que llevan años de atraso.
Asimismo, un mayor involucramiento de los países en desarrollo, principalmente de los países de ingresos medio (por sus altas tasas de crecimiento poblacional y el porcentaje en situación de pobreza multidimensional), determinará las decisiones sobre necesidades y criterios para otorgar el financiamiento necesario para atenderlas de manera oportuna. México tiene una gran oportunidad de liderar tal agenda debido a su destacado papel reflejado en la Asociación de Bancos de México (ABM) con el Protocolo de Sustentabilidad (PS), el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, el mercado emergente de bonos verdes, sociales y temáticos de la banca de desarrollo, ser el primer país en emitir un bono soberano ligado a los ODS, el Comité de Finanzas Sostenibles, la Reforma al sistema de pensiones para que inversionistas institucionales (afores) consideren criterios ESG en su toma de decisiones y la construcción de una curva soberana sostenible.
Así pues, la importancia de que ministerios de Finanzas de todo el mundo acudan a las negociaciones, así como agentes de mercado estratégicos del sector privado financiero y no financiero es vital para lograr un consenso de cómo transitar a una economía baja en carbono y metano; en el mejor de los casos, a una economía con emisiones GEI netas cero. Eso implicará considerar diferentes hojas de ruta nacionales y regionales ya existentes, así como el involucramiento de diferentes iniciativas sobre Finanzas Sostenibles que involucren a las nuevas generaciones que son las que sufrimos y sufriremos los efectos del cambio climático. Un ecosistema financiero sostenible es posible.
*****
Aranxa Sánchez es economista por la UNAM.
Twitter: @AranxaSanz
