En relación al caso de Alejandro Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del PRI y de los exfuncionarios de César Duarte, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, un juez de Chihuahua resolvió que la competencia del proceso es de fuero común y no federal.
El ministerio público solicitó que la investigación permanezca en el ámbito del fuero común porque los delitos dañaron el erario estatal a pesar de que el dinero provenía de un órgano federal. Además de que todo se cometió en Chihuahua. Así lo refiere Animal Político.
¿Qué?
Aquí la explicación.
En diciembre del año pasado, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue detenido luego de que se reveló que él fue el encargado de realizar transacciones (avaladas por Hacienda) que llegaron al gobierno de César Duarte para después ser repartidas entre las campañas electorales del PRI en Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua.
Estamos hablando de una presunta triangulación de 250 millones de pesos.
Así lo informó el gobernador Javier Corral, esperando que su detención contribuyera al esclarecimiento de los delitos de corrupción política señalados contra el exgobernador César Duarte.
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Ya estando en el penal, el abogado de Alejandro Gutierrez denunció que su cliente era víctima de tortura psicológica para que declarara en contra de Luis Videgaray, pidiéndole incluso que firmara hojas en blanco. De la misma forma consideró que estaría mejor en un penal federal.
“Alejandro Gutiérrez me dijo el sábado que sigue siendo torturado psicológicamente en el penal de Chihuahua para que declare contra Luis Videgaray y le piden que firme hojas en blanco. Lo mejor es que esté en un penal federal”: Antonio Collado, abogado.
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 26 de enero de 2018
Sin embargo, los especialistas técnicos del Centro Estatal de Reinserción Social número 1 de Chihuahua (donde estaba preso) tenían otra versión. De acuerdo con La Jornada, los técnicos señalaron que Gutiérrez presentaba habilidades sociales como de comunicación, manipulación, encanto superficial y facilidad de palabra, por lo que no era bueno tenerlo ahí si querían mantener la gobernabilidad del penal.
Como sea la Fiscalía de Chihuahua solicitó que fuera trasladado a un penal de mayor seguridad debido a la “alta capacidad criminal” del susodicho.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró que la Fiscalía había solicitado el traslado del priísta con base en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice que “la Autoridad Penitenciaria (…) podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado”
Los tres casos en lo que se puede dar este tipo de traslado son: delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y cuando el reo ponga en riesgo la seguridad del penal. Esta última encaja con la justificación de la fiscalía chihuahuense.
Además, la acusación argumentaba que los 250 millones de pesos fueron triangulados desde la Secretaría de Hacienda federal hacia la administración de César Duarte, por lo que el caso compete al ámbito federal.
Pero pues ya les dijeron que no, entonces Alejandro Gutiérrez se queda en Chihuahua a enfrentar el proceso penal.
